Caracterizan a internas de la cárcel de Santa Marta que podrían sustituir sentencias por trabajo comunitario

Con el acompañamiento de la Personería de Santa Marta avanza la caracterización de las mujeres privadas de la libertad en el centro penitenciario Rodrigo de Bastidas en esta ciudad, que podrían acceder a los beneficios legales contemplados en la Ley 2292 de 2023 o Ley de Utilidad Pública que les permite, en determinados casos, sustituir sus condenas con servicios comunitarios.

En lo que va del año, la Personería ha realizado cuatro visitas a este penal, en las que ha brindado capacitación sobre el alcance de esta iniciativa, identificando a posibles beneficiarias y analizando los casos de las internas para determinar quiénes cumplen los requisitos de la ley. La norma, sancionada el 8 de marzo de 2023 por el presidente Gustavo Petro, establece que las mujeres cabeza de familia, condenadas por delitos como hurto o vinculados a estupefacientes, podrían acceder a la conmutación de su pena si su sentencia no supera los ocho años y si se comprueba que delinquieron en condiciones de marginalidad.

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Quienes cumplan estas condiciones y decidan acogerse a lo promulgado por esta ley deberán prestar un servicio comunitario que se desarrolla como forma de sanción penal que cumplen en libertad las mujeres beneficiarias. Estos servicios tienen la vocación de generar un impacto en las comunidades como forma de restauración del daño ocasionado por el delito. Al mismo tiempo, las mujeres pueden trabajar, estudiar y realizar sus labores de cuidado como cabeza de familia. 

La estrategia de la Personería no solo busca garantizar el acceso a estos beneficios legales, sino también disminuir el hacinamiento carcelario y fomentar una justicia restaurativa. La Ley de Utilidad Pública permite que las sanciones penales se traduzcan en actividades comunitarias, brindando una alternativa para la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad.

Sin embargo, la aplicación de esta medida enfrenta retos. La selección de beneficiarias depende de una rigurosa evaluación judicial y, en muchos casos, del acceso a representación legal y al debido proceso. 

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Con esta iniciativa, la Personería de Santa Marta reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables y con la búsqueda de alternativas que permitan humanizar el sistema penitenciario y fomentar la reinserción social efectiva de las mujeres que han cometido delitos en condiciones de precariedad.