Enviaron a la Picota de Bogotá a los siete dragoneantes del Inpec con funciones en la Tramacúa de Valledupar

El Juzgado Primero  Penal Municipal con función de Control de Garantías envió a prisión, a los sietes dragoneantes del INPEC con funciones en la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, ‘La Tramacúa’, señalados de corrupción

Los funcionarios Wesly Palacio Mena, alias Niche, de 33 años; Henry Rendón Henao, de 27 años; Fabián Ricardo Cangrejo Castillo, de 30 años; Edgar Alejandro Martínez Arias, alias 'Paspi', de 33 años; Andrey Alejandro Durán Sánchez, alias 'Chaval', de 33 años; Jaime Alonso Herrera Flórez, de 24, y Herney Fernando Novoa Martínez, serán trasladados al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, ‘La Picota’ mientras enfrentan el proceso en su contra. 

La juez consideró que no podían ser enviados a la Cárcel Judicial porque en el penitenciario se encuentran dos testigos del ente investigador que también son merecedores de protección; y tampoco podían estar en ‘La Tramacúa’ por haber laborado allá. 

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La Fiscalía 1 Especializada adscrita al Gaula Cesar contra delitos de extorsión imputó a los procesados el delito por concierto para delinquir con fines extorsivos.

De acuerdo a los elementos de prueba, los dragoneantes empezaron a ingresar comida rápida, tragos, celulares, sim card, modem para wifi, y para ello cobraban tarifas como una hamburguesa a 250 mil pesos, una caja de arroz chino 500 mil pesos, un litro de licor un millón de pesos, un celular un millón de pesos, una libra de marihuana millón quinientos mil pesos y por un paquete de sim card, millón 400 mil pesos.

Igualmente, el ente acusador dio a conocer que los implicados ingresaban con un dron varios elementos para el servicio de los reclusos. Asimismo, personas en la parte externa de la cárcel arrojaban celulares y otros elementos que eran recogidos y distribuidos en los pabellones con la complicidad de los guardianes.

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Además, coordinaban el ingreso de celulares por el valor de $800.000 cada uno recibiendo hasta $64 millones.

Los abogados defensores de los funcionarios, interpusieron el recurso de apelación para que un juez de segunda instancia valore nuevamente la medida de aseguramiento intramural.