El alcalde  habría celebrado 14 contratos de manera irregular, violando el principio de transparencia, según la Fiscalía.
El alcalde habría celebrado 14 contratos de manera irregular, violando el principio de transparencia, según la Fiscalía.
Cortesía - Fiscalía
14 Jun 2023 06:50 AM

Detención domiciliaria al alcalde de El Copey por presunta corrupción

María Alejandra
Vence
El alcalde estará cumpliendo la casa por cárcel en una finca de su propiedad.

Un juez de control de garantías determinó imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el alcalde de El Copey, Francisco Meza Altamar, por presuntamente favorecer con contratos a dos empresas que fueron de propiedad suya y de su hermano.

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Lo anterior luego de avalar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo en 14 ocasiones y en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado. 

Con la misma medida restrictiva de la libertad quedó Belkis Jiménez Nieves, exsecretaria de Inclusión Social y Deporte de la localidad, mientras que al contratista Antonio María Andrade Zambrano quedó en libertad, pero vinculado a la investigación. 

Según la Fiscalía, Francisco Meza Altamar favoreció con contratos a las empresas Fundación para el Desarrollo Social y Productivo, Fundicop, de la que él fue propietario, gerente y representante legal, y a Servicios Integrales del Caribe, Sicarcol S.A.S., que fue constituida por su hermano.

“El actual alcalde, fue propietario, dueño, gerente y representante legal de la primera empresa en mención, a su turno, se confirmó que, en el caso de la segunda, en sus inicios figuraba como propiedad de un hermano del mandatario, la misma que posteriormente pasó a manos de quien fungió como secretaria de inclusión social, cultura, deporte y recreación, es decir, la señora Jiménez Nieves”, señaló la Fiscalía. 

Meza Altamar, al parecer habría celebrado con esas empresas 14 contratos cuya suma total superó los $4.000 millones.

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“Las acciones desplegadas por la Fiscalía se dan tras evidenciarse presuntas irregularidades en la celebración de 14 contratos dispuestos para la prestación de bienes y servicios, con un monto que asciende a 4.068 millones de pesos”, señaló el ente de control.