Los hechos se registraron en el año 2022.
22 Nov 2024
07:37 PM
Procuraduría sanciona a dos policías por uso excesivo de la fuerza contra una mujer y sus hijos en Cartagena
El fallo corresponde al caso de una ciudadana venezolana que fue violentada por los uniformados, cuando reclamaba sus derechos laborales.
La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de 30 días de multa al subteniente Nelson Enrique Martínez Balceiro y a la patrullera Yuliana Jaramillo Mazo, ambos miembros de la Policía Nacional, por el uso innecesario de la fuerza durante un procedimiento policial en la ciudad.
Los hechos ocurrieron cuando una ciudadana venezolana, Wendy Norelys Álvarez Sarmiento, se encontraba en el almacén Jon Sonen reclamando el pago de sus prestaciones laborales. Al lugar llegaron los uniformados, quienes esposaron a la mujer y a retirarla del lugar junto a sus dos hijos menores de edad.
Según la Procuraduría, los policías se extralimitaron en sus funciones al utilizar la fuerza de manera desproporcionada, generando un perjuicio moral tanto a la ciudadana como a sus hijos, quienes presenciaron el incidente. El organismo de control concluyó que los agentes afectaron la imagen institucional y vulneraron los derechos de los menores.
Por estos hechos, la Procuraduría calificó la falta de los servidores públicos como leve, a título de culpa gravísima, e impuso la sanción correspondiente.
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Sobre el caso
La ciudadana venezolana, Wendy Norelys Álvarez Sarmiento, interpuso una demanda laboral contra la tienda de ropa Jon Sonen en Cartagena, Colombia en el año 2022. La mujer alegó que, durante su empleo en la empresa, desde 2019 hasta 2020, no recibió los beneficios laborales correspondientes, como seguridad social durante su embarazo, licencia de maternidad y pago de salarios. Además, denunció un traslado arbitrario y un despido injustificado.
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Tras un proceso judicial, un juez falló a favor de Álvarez Sarmiento, condenando a Jon Sonen al pago de una indemnización que superó los 23 millones de pesos colombianos.
La sentencia judicial respaldó las alegaciones de la trabajadora, determinando que la empresa había incumplido sus obligaciones laborales.
