Por especulaciones en la venta de elementos médicos para contener el coronavirus, la Procuraduría instaura denuncia ante la Fiscalía
La Procuraduría General de la Nación denunció ante la Fiscalía las prácticas especulativas registradas en la venta de elementos médicos que afectan negativamente a la sociedad y al mercado, luego de la declaratoria del Estado de Emergencia y el aislamiento social ordenado ante el brote del Covid-19.
El Ministerio Público registró en la denuncia la queja expuesta en medios por el Ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, quien señaló que los gases medicinales registran alzas que van desde el 5% hasta el 25%, cuando estos elementos hacen parte de los insumos médicos de importancia para enfrentar la pandemia, y son indispensables para la práctica de terapias respiratorias, reanimación de pacientes, tratamiento de incubados en cuidado intensivo y aplicación de anestesia, pues no es solo el oxígeno sino otros gases inertes los que se deben mezclar para garantizar la ventilación mecánica a los pacientes que la requieren.
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También señaló que otros elementos como tapabocas, alcohol, gel antibacterial y otros productos sanitarios, necesarios para contener la expansión del virus, han sido sustraídos del mercado o sus precios al consumidor se han elevado sin motivo alguno.
El órgano de control citó en la denuncia cifras del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos–Invima-, que registró al 12 de marzo pasado un inventario de nueve millones de tapabocas, elementos que no se encuentran a disposición de la ciudadanía o su precio se incrementó de $200 a $1.500 la unidad.
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El Ministerio Público indicó que algo similar sucede con productos de la canasta familiar, que al parecer los productores, fabricantes o distribuidores mayoristas los están vendiendo a precios superiores a los fijados por las autoridades competentes.
En la denuncia, el órgano de control instó a la Fiscalía a emprender las acciones pertinentes para identificar a los autores y partícipes de estas prácticas comerciales que afectan a la ciudadanía de manera grave y al orden económico y social.