Judicializan exfuncionario de la Rama Judicial en Cartagena por desfalco de $2800 millones

Como lo reveló en primicia RCN Radio, la Fiscalía seccional Bolívar, luego de varios meses de investigación, logró demostrar ante un juez de control de garantías, la presunta participación de diez personas en un aparente hechos de corrupción, señalados de al parecer haber afectado el presupuesto de la Rama Judicial en este departamento.

Según la investigación, el liquidador de nómina de la Dirección Administrativa Judicial de Cartagena, Larry López Ospino, quien ocupó este cargo hasta el 2021, junto a otras nueve personas más, serían los supuestos responsables de recibir el pago de salarios de manera irregular por cerca de $2.800 millones.

El material probatorio expuesto por el ente investigador da cuenta que, desde 2016 a la fecha, el Larry López habría aprovechado su rol para, supuestamente, inscribir en el sistema de registro de funcionarios a amigos y familiares quienes, sin ser servidores judiciales, se beneficiaron con las prestaciones que normalmente son reconocidas a estos trabajadores.

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“López Ospino habría aprovechado sus conocimientos en informática para, al parecer, alterar los sistemas y los programas de nómina de la Rama Judicial e ingresar datos de falsos trabajadores y de esa manera lograr que les fueran cancelados por cinco años salarios, primas, cesantías y bonificaciones, entre otros, rubros que superaron los $2.800 millones”, detalló la directora Seccional Bolívar, Ibeth Cecilia Hernández Sampayo.

Mototaxistas, amas de casa y mecánicos cobraban como jueces

El ente acusador también dio a conocer los vínculos y actividades de quienes al parecer ser beneficiaron con es defalco a la Rama Judicial.

“Se trata de Miryam Fajado Pombo y Renzo León Pérez quienes aparecían en el papel como juez,  siendo en realidad ama de casa y mecánico; José Manuel Pérez González, supuestamente cumplía funciones como oficial mayor y en realidad se desempeña como mototaxista; Amanda Ortiz Martínez, supuesta secretaria municipal y cuyo trabajo era el de empleada doméstica”, explicó Hernández.

Estas cinco personas fueron capturadas por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en desarrollo de varias diligencias de registro y allanamiento, “otros de los procesados que fueron representados por sus abogados son Evelyn Torres Reinero y Eder Santiago Chávez Hernández, quienes aparecían en la nómina de la Rama como abogados y jueces, pero en realidad se desempeñaban como comerciante y contador”.

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Agregó, “en los hechos también estarían implicados Natalia Kamila Pérez Torres, estudiante;  Fredy Fernando Lemus Martínez, quien labora en expendio de carne. Estas dos personas habrían recibido dineros públicos, aunque no fueron incluidos como trabajadores de la Rama Judicial”.

El material de prueba recaudado evidenció que los falsos trabajadores, una vez cancelados los salarios indebidos, se quedarían con un porcentaje del dinero, y le consignarían el restante a López Ospino.

A los procesados les fueron imputados según sus responsabilidades individuales, los delitos de peculado por apropiación agravado continuado, falsedad ideológica en documento público agravado continuado y acceso abusivo a un sistema de información.

En el caso de Larry López Ospino, durante las audiencias concentradas se allanó a todos los cargos imputados por la Fiscalía y le fue impuesta medida preventiva intramural en la cárcel Ternera de Cartagena. Los nueve restantes, fueron privados de la libertad en sus sitios de domicilio.