¡Inaceptable! Tres niñas habrían sido abusadas sexualmente por extranjeros en Cartagena

Por el aberrante caso del presunto abuso sexual del que habrían sido víctimas tres niñas en la ciudad de Cartagena, donde están seriamente involucrados ciudadanos extranjeros, la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito, Ana María González, en entrevista con La Cariñosa 1.270 A.M y Noticiero Popular de Alerta Caribe, ha pedido a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones.

Dijo inicialmente la funcionaria ante nuestros micrófonos que “La Policía de Infancia y Adolescencia puso en conocimiento de la Secretaría del Interior este aberrante caso. Es el ejemplo de la acción común que debemos hacer frente al delito de trata”.

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Por la delicada situación y en vista de acelerar las acciones legales que permitan esclarecer los hechos ocurridos, en las próximas horas se realizará un consejo de seguridad extraordinario, en el que además del caso en mención, se buscará fortalecer las acciones en contra de esta clase de delitos.

“Es absolutamente inaceptable que se contemple como negocios viables. El llamado es a quienes están ganando dineros a partir de negocios que producen ganancias a personas que abusan del cuerpo de niños y niñas. Para que estos negocios prosperen en Cartagena existe una cadena de valor que lo sostiene en dónde aquellos que dicen ser honestos participan indirectamente en la trata de personas y abuso sexual. Los invito a que reflexionen y a que sepan cuál es su papel en la construcción de una mejor ciudad”.

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Una de las peticiones de la secretaria del Interior es que Migración Colombia una vez que las autoridades confirmen la participación e identificación de los extranjeros, y se surta el proceso legal, estas personas sean expulsadas definitivamente del país sin que puedan tener oportunidad de poder ingresar de nuevo a Colombia. 

La funcionaria les hace más que una invitación, es un llamado a los padres de las niñas para que no se queden cayados, que denuncien lo que ocurrió para que la justicia pueda actuar en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Esto nos permite utilizar toda la fuerza de la ley para impactar y entregar resultados a la ciudadanía ante este delito”.