Denuncian presuntas irregularidades en el estado financiero de Transcaribe
El delegado de la Presidencia de la República en la junta directiva de Transcaribe, Wilson Herrera Díaz, envió una carta a la Procuraduría provincial de Cartagena, a la Personería distrital, también a la Contraloría General de la República y a la oficina de control interno, solicitando información sobre el proceso de seguimiento del convenio otrosí, dentro del compromiso que firmó el Distrito con la Nación, para la cofinanciación de las obras finales para el funcionamiento de Transcaribe.
“Durante seis meses, el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, presentaba quejas que tenía la ciudad con las empresas y que según él, no había hecho los aportes necesarios; a partir de la aprobación del presupuesto 2020 y en la ejecución presupuestal del 2019, encontré que las cifras de la deuda que el gerente estaba suministrando al Ministerio de Transporte y a la ciudad, no correspondían a lo que su oficina de presupuesto estaba expresando en la junta”, manifestó Herrera.
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En el documento, enviado a los entes de control, Herrera Díaz expone la respuesta emanada de un derecho de petición, enviado por una Veeduría en Cartagena.
“Al parecer, las trasferencias de la Alcaldía a Transcaribe por el rubro pignorado y ordenado, han sido mayores a los convenidos, cumpliendo el Distrito con lo acordado y más; de ser ello cierto, faltaría precisar si todas las obras concertadas en el convenio de cofinanciación y por supuesto en el Conpes que lo origina, han sido ejecutadas”, se señala en el documento.
"A través de un derecho de petición que un veedor le hizo al alcalde, la oficina jurídica concluyó que, según el acuerdo 160 de vigencias futuras, que había hecho aprobar como garantía para que el Gobierno entrara a cofinanciar las obras de Transcaribe. El acuerdo 160 del 2015 decía que se debían transferir, por sobretasa de la gasolina, 125.000 millones de pesos al año de 2020, con una cifra determinada por año y que el gerente decía que no le habían entrado ni en 2018 ni en 2019", añadió Herrera.
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Por esta situación, el delegado de la Presidencia pidió a los entes de control que se ordenara la suspensión de las transferencias porque ya el Distrito cumplió con su obligación en el acuerdo de cofinanciación.
“Como los recursos en posible discusión, son del orden distrital, estaría bien la intervención de la Contraloría Distrital de Cartagena, si así se considera conveniente, para hacer las averiguaciones pertinentes”, reza en el documento.
Además, “como de todas maneras en el caso de Transcaribe se ejecutan igualmente recursos de la Nación, se debe evaluar si es necesaria, la presencia de la Contraloría General de la República, para la verificación de las ejecuciones de los recursos aportados para la obras, por parte del Gobierno Nacional, desde el origen hasta su conclusión”.
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También solicita la presencia de la Personería distrital para velar por los intereses de los cartageneros, ya que en su momento se habría denunciado que la empresa pretendía quedarse con excedentes de las tarjetas con pasajes sin utilizar, después de un tiempo.
“Nosotros tenemos a unos operadores privados, pero Transcaribe no es ni económico ni eficiente, la empresa a 31 de diciembre, según la revisoría fiscal, determinó que estaba en quiebra porque había perdido más del 50% del valor patrimonial lo que fue inclusive ratificado este año, pero si te entregan una empresa así, donde durante cuatro años la llevas a ese escenario, es grave porque no se están cumpliendo con los objetivos", precisó Herrera.
"Además, en una solicitud que le hace el Concejo, él contesta a la corporación que ha recibido 130 millones de pesos a 2019, lo que se acerca a la cifra del derecho de petición, en ese escenario, considero que está jugando con la opinión pública y está jugando con la junta directiva y el ministerio de transporte, porque presenta cifras diferentes que no concurren a la realidad de sus respuestas", precisó.
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¿Qué dice la gerencia?
La gerencia de Transcaribe, en cabeza de Humberto Ripoll, salió al paso y aclaró la razón de ser del convenio de cofinanciación.
“Este convenio de cofinanciación es para apoyar al sistema desde el punto de vista de la infraestructura, este se hizo en 2015 y son recursos que se envían a Transcaribe y también convenios de respaldo entre la Alcaldía y el sistema, en donde el Distrito entró a apoyar a Transcaribe para que pueda cumplir con sus obligaciones”, dijo Ripoll.
Añadió que “en el plan de desarrollo 'Primero la Gente', que acaba de terminar, se dejaron unos rubros que se iban a enviar a Transcaribe, en su rol de operador. Allí habían unos rubros que en los primeros dos años si se enviaron los recursos, pero en los últimos dos años no, allí están los famosos 20.000 millones de pesos de chatarrización, porque es una de las obligaciones que tienen los operadores”.
Con relación a la denuncia que realiza el delegado sobre el verdadero estado financiero de Transcaribe, dijo que, “no hay tres conceptos del estado financiero de Transcaribe. El señor Herrera tiene una confusión: en ese convenio se pignoró la sobretasa de la gasolina, obviamente la alcaldía respondió una a una sus inquietudes por año y eso suma una cantidad de dinero exorbitante; sin embargo, en el derecho de petición, dice que a Transcaribe recibió un monto menor”.
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Con relación al tema donde señala el delegado que presuntamente la empresa privada es la que se lleva la mayoría de las ganancias de Transcaribe, aclaró que, “en ningún momento estamos beneficiando a la empresa privada, hay unos recursos que suman 21.000 millones de pesos que vienen de un convenio de cofinanciación entre la Nación y el Distrito, pero estos es un concepto diferente a los 20.000 millones de la chatarrización”.
Por último, el gerente aclaró que no se han enviado los recursos, por el orden de 63.000 millones de pesos, no solo para chatarrización, sino para mantenimiento de vehículos, para el tema de la tarifa que también se ha visto afectada y además los vehículos que tardaron en llegar de Pereira.