Alcaldía tumba prohibición de patinetas y motos eléctricas en el centro histórico, otros sectores piden el mismo trato

La Alcaldía de Cartagena levantó la prohibición de circulación para patinetas eléctricas, motos eléctricas y bicicletas en el Centro Histórico, según el Decreto 0117 del 26 de enero de 2024.  Además, se eliminaron restricciones en varias calles entre las 7 p.m. y las 3 a.m., revocando así medidas previas establecidas en el Decreto 0065 de 2024, que fortalecía el orden público en la zona. 

Aunque se mantienen prohibiciones como el consumo de sustancias psicoactivas y la prostitución, se flexibilizó la movilidad, permanencia y ventas ambulantes en calles específicas durante el mencionado horario nocturno.

Por otra parte, en una reciente declaración, la ONG Temblores, especializada en defensa de derechos humanos, ha solicitado a la Alcaldía de Cartagena a remover el Decreto 0062 de 2024, emitido el pasado 18 de enero. Este decreto establece "zonas seguras" en las cuales se prohíbe el porte y consumo de sustancias psicoactivas, abarcando centros educativos, parques, plazas, clínicas, iglesias y zonas de interés cultural para proteger a niños, niñas y adolescentes.

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La organización argumenta que las sanciones previstas en el artículo 6 del decreto se basan en el derogado Decreto 1844 de 2018, contradiciendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre derechos al porte y uso de dosis personales. Según Temblores, el decreto actual carece de vigencia, ya que el Decreto 2114 de 2023 derogó el mencionado marco legal.

La Alcaldía de Cartagena respondió a estas afirmaciones, señalando que las sanciones no hacen referencia al Decreto 1844, sino al Código Nacional de Policía, emitido por el Congreso de la República. Indicaron que el error de interpretación de la ONG radica en ubicar las sanciones en el artículo 6, cuando en realidad están en el artículo 5.

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La ONG enfatizó la importancia de expedir normativas que respeten tanto los derechos de los niños como de los usuarios de drogas, solicitando a alcaldes y gobernadores actuar de acuerdo con las directrices de la Corte Constitucional. Consideran que este tipo de decretos resultan en la violación de derechos de los usuarios y contribuyen a la persecución y criminalización de poblaciones vulnerables, especialmente aquellas que residen en la calle. Insisten en que las prohibiciones absolutas en espacios públicos generan efectos desproporcionados, traduciéndose en violencia policial.

Por: Mauricio Gómez.