Alcalde Dau le dio la cara a la Contraloría General por presunto detrimento patrimonial

Este jueves se realizó la sexta sesión de la audiencia de descargos del proceso verbal de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República, en contra del alcalde William Dau Chamat y otros.

Durante la diligencia, el Alcalde rindió versión libre sobre los hechos y expuso varios argumentos que dejan en evidencia que la investigación que se adelanta en su contra, por el supuesto pago de gastos de representación a los funcionarios, está fundamentada bajo una serie de irregularidades por parte de la Contraloría Distrital.

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El Alcalde explicó que, en el año 2020, la administración de Salvemos Juntos a Cartagena, a través del Decreto 1657 del 31 de diciembre de 2020, eliminó el concepto por gastos de representación que venía siendo empleado desde 2011 y definió una asignación básica salarial con efecto retroactivo. 

“En el año 2021, la Contraloría Distrital inició un proceso de responsabilidad fiscal en contra mía y más de 40 funcionarios de la administración por el pago de unos gastos de representación que venían incluidos en los salarios desde el año 2011. Luego de que durante más de 10 años todos los alcaldes pagaron estos conceptos, y pese a que en mi administración se procedió a corregir la situación en el año 2020, modificando los salarios por un decreto en diciembre de 2020, de acuerdo con una autorización por el Concejo Distrital, quedando eliminado ese concepto por gastos de representación”, explicó Dau Chamat.

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Según la defensa “Los pagos hechos a los funcionarios no sobrepasaron los límites máximos salariales, la certificación de pagos hechos a funcionarios demuestra, sin duda alguna, que dichos pagos se hicieron a través de la nómina y para el ajuste salarial se tuvo en cuenta el decreto 0597 de mayo 8 de 2020 de la Alcaldía. Los salarios establecidos en dicho decreto no superaron el tope fijado para el respectivo nivel por el decreto 314 de 2020 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Por último, el mandatario puso de presente que el auto de imputación carece de dos de los elementos indispensables para que se proceda al inicio del proceso de responsabilidad fiscal, no está identificado el daño y tampoco hay conducta atribuible a daño.