"676 candidatos se inscribieron estando sancionados para las elecciones regionales": procuradora en Cartagena

Durante su intervención en la clausura del Congreso Colombiano de Derecho Procesal en Cartagena, la procuradora Margarita Cabello,  resaltó la labor de la Corte Constitucional al haber respaldado en su sentencia, C- 030 de 2023, la función disciplinaria en cabeza de la entidad que preside y aseguró que con ella se restauró la institucionalidad en un momento crucial para el país, como es la contienda electoral de este 29 de octubre de 2023.

En medio de su discurso la jefe del Ministerio Público aseguró que esta decisión evitó que se ocasionara un caos durante los comicios electorales que se realizarán este año, porque a dos meses de la contienda electoral, se detectaron 676 candidatos inscritos a pesar de estar sancionados, muchos de ellos por la Procuraduría, "a dos meses de la contienda electoral sabemos y ya hicimos el análisis con tecnología, que alrededor de 676 candidatos inscritos para corporaciones públicas en las elecciones del 29 de octubre podrían encontrarse en situación de sanciones impuestas, muchas por la Procuraduría General de la Nación, y algunos sancionados habilidosos quisieron aprovechar las decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, a pesar de estar sancionados, aspirar e inscribirse en cargos públicos", indicó la procuradora. 

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Además agregó que, "si no se profiere la sentencia de la Corte Constitucional, esos candidatos, de forma irregular y con desconocimiento de los derechos de los demás candidatos, habrían encontrado una fórmula de participar en los comicios”.

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La Procuradora calificó como increíble que en el país haya sectores que igualen a los servidores públicos indisciplinados con los disciplinados, y que la interpretación literal de una cláusula convencional del año de 1969, sirva como patente de corso para que reine la impunidad.
 

También explicó que la Corte Constitucional fue mucho más allá de lo esperado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reforzando la garantía para que las sanciones de destitución, inhabilidad general y especial y las de suspensión contra los servidores públicos de elección popular proferidas por la Procuraduría, queden sujetas a la revisión definitiva por parte del juez contencioso y calificó el proceso disciplinario colombiano como uno de los más garantistas y acorde con los más altos estándares de calidad y justicia.