Fachada de la empresa de energía Air-e.
16 Sep 2024
07:34 AM
Procuraduría pidió precisiones a la Superservicios sobre intervención a Air-e
También solicitó conocer las posibles implicaciones económicas y la afectación del servicio para los usuarios en la Costa Caribe.
La Procuraduría General de la Nación le solicitó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, algunas precisiones frente a la decisión de intervención la empresa de energía Air-e, en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
A través de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, el ente de control pidió a Quiroga aclarar, con base en qué estudio técnico se le solicita a la CREG concepto favorable para proceder a la toma de posesión de la empresa Air-e; además, en cuáles causales de la Ley 142 se apoya dicha toma de posesión.
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Según el ministerio público, ha realizado dicha solicitud, como parte de las funciones preventivas y de control de gestión en asuntos relacionados con la prestación del servicio de energía.
En el oficio la Procuraduría preguntó sobre las fuentes de recursos a los que recurrirá la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para garantizar el servicio y el monto mensual de gastos necesarios para garantizar la prestación del servicio en el área de cobertura de Air-e. Adicionalmente, cuestionó cuál es el saldo por cobrar por concepto de la Opción Tarifaria.
El ente de control pidió información sobre los subsidios causados y aún no girados a la empresa con corte a agosto de 2024, y el comportamiento de los indicadores con temas puntuales como las pérdidas, los recaudos, y la calidad del servicio (SAIDI y SAIFI).
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Finalmente, el oficio recordó que la Procuraduría no coacciona ni coadministra, implemente actúa como articuladora extendiendo recomendaciones y haciendo llamados al cumplimiento normativo legal vigente en las materias objeto de actuación, con el fin de que sean los actores quienes adopten las acciones necesarias para buscar soluciones a las situaciones existentes que podrían afectar la prestación de los servicios públicos en territorio.
