Formulan pliego de cargos contra interventor de proyectos de viviendas por presuntas irregularidades en el Atlántico

Gustavo Adolfo Silva Quintero, representante legal y director de servicios de Apoyo de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, está en el ojo del huracán. Este jueves, 28 de marzo , se conoció que la procuraduría le profirió pliego de cargos  porque, supuestamente, omitió informar y advertir los actos que pusieran en riesgo la ejecución y entrega de las viviendas dentro del proyecto “La Arenosa”, ubicado en el Municipio de Santo Tomas del departamento de Atlántico.

La Delegada para la Economía y Hacienda Pública sostuvo que el posible comportamiento de Silva  pudo ocasionar un detrimento de los valores pagados al contratista por más de $2.000 millones, generando incertidumbre sobre la estabilidad, entrega, funcionalidad y legalización de la obra, toda vez que está se encuentran en estado de abandono y ciertas estructuras han tenido que ser demolidas.
 
El Ministerio Público alega que  Quintero no habría exigido el avance ajustado al cronograma de la obra, ni asegurado los desembolsos oportunos de recursos al contratista ejecutor y que se cumplieran todas las cláusulas del contrato, con lo que pudo incurrir en falta disciplinaria.

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Según la entidad, el funcionario, responsable del ejercicio de interventoría del contrato, presuntamente desconoció los principios de economía, responsabilidad y eficiencia, por lo que de manera provisional calificó la supuesta conducta como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Este jueves la Procuraduría también alertó sobre presuntos atrasos  en la implementación del Programa de Alimentación Escolar. 

Según la Procuraduría, después de dos meses de iniciado el calendario escolar varios departamentos y municipios se rajan al no haber echado a rodar la operación mientras que otros andan a media marcha.

Es el caso del municipio de Girardot (Cundinamarca) y la ciudad de Sincelejo en donde, según informe enviado por la Unidad Alimentos para Aprender  aún se encuentran en proceso contractual, afectando el derecho a la alimentación de 54.724 niños de 43 instituciones educativas.

Similar situación ocurre en varios municipios de  los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Meta y Sucre en donde la implementación del PAE anda a pasos de tortuga.