Hasta en un 17 por ciento se excedieron según la controlaría, en al compra de mercados
Estefany Rodríguez Flórez
16 Jun 2021 03:26 PM

Abren investigación contra cinco alcaldes en Córdoba, por presuntas irregularidades en pandemia

Jairo Alonso
Pérez Delgado
El año pasado los alcaldes de Tierralta y Cereté fueron sancionados.

Por presuntos sobrecostos en la contratación de kits alimentarios para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, la Procuraduría General de la Nación investiga a cinco alcaldes del departamento de Córdoba.

Se trata de Jorge David Pastrana Sagre de Sahagún, Rubén Darío Tamayo Espitia de Planeta Rica, Gabriel Antonio Bittar Díaz de Momil, Félix Gutiérrez Córdoba de Buenavista y Fidel Antonio Mercado González de Pueblo Nuevo.

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Esta decisión también afecta a los secretarios de Gobierno, para la época de los hechos, Beatriz Ojeda Moreno de Sahagún, Carlos Uribe Arboleda de Planeta Rica, Sindy Paola Almentero Yubb de Momil, Aday Alonzo Lozano Gutiérrez de Buenavista y Margarita Rosa Sánchez Benítez.

Según la Procuraduría, el proceso disciplinario inició tras una acción preventiva adelantada respecto de los contratos celebrados por diferentes alcaldías de Córdoba para la adquisición de ayudas alimentarias, ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 en 2020.

Según señaló el Ministerio Público, como parte de la investigación, se ordenó la práctica de pruebas en los mencionados municipios del departamento de Córdoba, con el fin de establecer si se presentaron presuntos sobrecostos. La suma de los contratos que son materia de investigación superan los 1.300 millones de pesos.

 

   

Cabe recordar que el año pasado fueron separados de sus cargos los alcaldes de los municipios de Cereté, Luis Antonio Rhenals y de Tierralta, Daniel Montero Montes, por posibles sobrecostos en la compra de mercados para entregar a familias vulnerables para afrontar la cuarentena, y posteriormente lograron que revocaran  esa decisión y retornaron a sus labores como mandatarios en sus municipios.

El año pasado, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de diez procesos disciplinarios contra funcionarios de ocho departamentos, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la emergencia social, económica y ecológica derivada de la covid-19.

Fuente
Sistema Integrado de Información