Palabreros Wayuu interpondrán acción de tutela contra iglesias cristianas y opositores del Gobierno Nacional

El Consejo Superior de Palabreros Wayuu interpondrá una acción de tutela contra iglesias cristianas y senadores opositores al Gobierno Nacional como lo son Jhon Milton Rodríguez; la senadora María Fernanda Cabal; María del Rosario Guerra, y el representante Miguel Polo Polo por catalogar de actos de brujería sus eventos ancestrales.

Indican que actuando como agentes oficiosos de los pueblos indígenas y especialmente en nombre del pueblo wayuu; piden amparo de los derechos fundamentales como su diversidad cultural, derecho a la libertad de creencias y tradiciones culturales; derecho a espiritualidad ancestral; derecho a la conciencia étnica; derecho a la auto determinación cultural y la concepción de creencias espirituales propias; derecho de permanencia en un estado pluriétnico y multicultural; derecho y respeto a la identidad espiritual en el marco de patrimonio inmaterial de la nacionalidad colombiana, entre otros.

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Lo anterior se da luego de que el pueblo Arhuako de la Sierra Nevada de Santa Marta, recibiera al presiente Gustavo Petro Urrego, antes de su posesión para recibir lo que ellos denominan un acto de saneamiento espiritual a cargo de los mamos y que hoy ha sido criticado por la oposición.

“Consideramos han sido y siguen vulnerados y cercenados por las Iglesias cristianas y evangélicas que así lo consideran y pululan en sus sermones o predicas religiosas; y por los parlamentarios relacionados, quienes, con expresiones denigrantes, al catalogar de actos de brujería los eventos tradicionales ancestrales de nuestros pueblos indígenas adelantados como un acto natural de saneamiento espiritual de pureza y fortaleza hacía el presidente Gustavo Petro Urrego, lo cual es típico para nuestros pueblos indígenas hacerlos a quienes gobiernan u obtienen un mandato, y más si se trata de alguien que respeta, valora y cree en nuestros principios de vida”, resalta el comunicado.

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Indican que con esta tutela se pretende que se amparen los derechos, que aseguran se han violado con la actuación de las iglesias al penetrar a los territorios indígenas; que se ordene a los accionados retractarse de sus comentarios; y que se ordene a las Iglesias evangélicas y cristianas la prohibición de ingresar a realizar cultos o enseñanzas al interior de sus territorios indígenas.