El Tribunal Superior de Santa Marta tumbó la orden de suspensión de las actividades de exploración y explotación en el pozo Uchuva 2
El Tribunal Superior tumbó la orden de suspensión de las actividades del pozo Uchuva 2.
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30 Oct 2024 03:15 PM

Tribunal Superior de Santa Marta tumba orden de suspender actividades en pozo Uchuva 2

Angy
Cueto Martínez
El tribunal también ordenó al Ministerio del Interior realizar una consulta previa con la comunidad de Taganga.

Tribunal de Santa Marta tumbó una orden de suspensión de actividades de exploración y explotación en pozo Uchuva-2, que inicialmente ordenó un juez de la capital del Magdalena.

De igual manera, el Tribunal pidió hacer una consulta previa con la comunidad indígena de Taganga, quienes podrían verse afectados por dicha exploración.

“Derechos fundamentales a la consulta previa y debido proceso de la comunidad indígena de Taganga, representada por el señor Ariel Daniels de Andeiris en calidad de gobernador de dicha comunidad”, dice el fallo.

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El cual también explica que el Ministerio del Interior tiene un mes para realizar un acto administrativo en el que estudie el concepto de consulta previa con las comunidades indígenas afectadas de esta población, que habita  en la zona rural de Santa Marta.

RCN Radio se contactó con el Cabildo Indígena de Taganga y nos manifestaron que están a la espera de directrices para poder reunirse y así dar una declaración oficial.

"Ya estamos enterados de esta noticia , pero estamos atentos a que nos podamos reunir todos para analizar lo que emitió el Tribunal, es primordial para nosotros que se tengan en cuenta no solo nuestra opinión, sino también la de toda la comunidad, que era el objetivo de nosotros desde un inicio" precisó un integrante del Cabildo.

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Según el Tribunal Superior, el fallo busca equilibrar la continuidad  de los proyectos de exploración de gas, como en el caso del pozo 'Uchuva' 2, pero garantizando  la protección de los derechos indígenas.

Por lo que enfatizan que tanto el Gobierno, como las empresas involucradas deben cumplir con las normativas establecidas para evitar vulneraciones a las comunidades locales.