
Incertidumbre por suspensión de diálogos de paz entre autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Gobierno
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) anunciaron este fin de semana, a través de un comunicado, la suspensión temporal de los diálogos de paz que venían sosteniendo con el Gobierno nacional en el marco de la política de 'Paz Total'. La decisión se da tras los recientes enfrentamientos armados ocurrido en el corregimiento de Palmor, municipio de Ciénaga (Magdalena), que involucraron a tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del grupo armado.
Según información suministrada por las ACSN, el combate habría dejado un saldo de al menos tres muertos y más de una decena de heridos, varios de ellos en estado crítico. La organización armada señaló al Ejército de haber realizado un bombardeo durante el operativo, lo cual consideran una acción que contraviene el curso de los acercamientos de paz que se venían desarrollando en la región.
Este anuncio agrava la tensión en uno de los procesos más delicados dentro de la política de Paz Total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La zona de la Sierra Nevada ha sido históricamente golpeada por el conflicto armado y, más recientemente, por la disputa entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.
Al respecto, Lerber Dimas, director ejecutivo de la Plataforma de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, advirtió que los diálogos entre las ACSN y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz atraviesan un momento crítico.
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“La situación con los diálogos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Gobierno colombiano está en crisis y congelada. Las ACSN decidieron paralizar los avances que se venían dando hacia la pacificación de la Sierra Nevada”, afirmó Dimas.
El líder social explicó que la raíz del conflicto está en la operación militar que derivó en múltiples bajas, señalando que las ACSN denuncian haber sido bombardeadas, a pesar de su estatus jurídico:
“Hay que hacer una claridad: las ACSN están catalogadas como un Grupo Delincuencial Organizado (GDO) y no como un Grupo Armado Organizado (GAO), por lo tanto, según los protocolos, no pueden ser objeto de bombardeos. Además, este tipo de operativos deberían ser liderados por la Policía Nacional, no por el Ejército”.
Dimas también advirtió que este tipo de acciones debilitan la confianza construida entre las partes, una confianza que calificó como “difícil de recuperar”.
La suspensión temporal de los diálogos deja en el limbo un proceso que, aunque aún no contaba con una mesa formal instalada, avanzaba en la etapa de “generación de confianza”. Sin reglas de juego claras, canales definidos y temas de agenda estructurados, el proceso ahora se enfrenta al desafío de redefinirse desde sus bases.
“Esta es una oportunidad para replantear las condiciones de los diálogos. El gobierno y el grupo armado deben acordar reglas claras, garantizar transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad civil. La sociedad debe conocer lo que se está discutiendo y cómo se están midiendo los avances”, señaló Dimas.
El líder también recalcó que no basta con la voluntad de las partes involucradas, sino que es necesario que actores externos e independientes supervisen el proceso:
“Los avances no los pueden medir ni el grupo armado ni la Oficina del Alto Comisionado. Tienen que ser verificados por la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos”.
Otro de los puntos críticos tiene que ver con la vigencia de las suspensiones de órdenes de captura. Según Dimas, las medidas que protegían a los miembros de las ACSN dentro del marco del diálogo expiraron el pasado 8 de marzo. A la fecha, casi un mes después, no han sido renovadas ni se ha brindado claridad sobre su continuidad.
Esto, sumado a la operación militar reciente, genera incertidumbre jurídica y debilita el marco de protección que debería amparar a las partes involucradas en un proceso de paz.
“El Estado no puede renunciar a su obligación de perseguir a los criminales. Pero cuando se está en un proceso de negociación, debe haber garantías. Si hay una suspensión de captura vigente, no se puede atacar sin una justificación clara”, explicó Dimas.
La suspensión de los diálogos representa un serio obstáculo para la política de Paz Total en la Sierra Nevada, una región estratégica no solo por su valor ecológico, sino también por su complejidad social y geopolítica.
Hasta el momento, ni la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ni el Ministerio de Defensa han emitido declaraciones públicas sobre los hechos ocurridos en Palmor ni sobre la decisión de las ACSN. El silencio oficial añade más incertidumbre a un proceso que pende de un hilo.
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Mientras tanto, las comunidades locales, históricamente atrapadas entre los fuegos cruzados, siguen esperando señales claras de que la paz no será solo una disposición de voluntades, sino una realidad tangible que llegue también a sus territorios.