Declaran calamidad pública en Santa Marta por desabastecimiento de agua

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, declaró calamidad pública en todo el Distrito turístico, debido al desabastecimiento de agua que se vive en la ciudad. 

La mandataria dio a conocer la noticia de manera virtual, a través de un Facebook live. Dicha decisión se toma luego de la presentación de un informe por parte de la Empresa de Servicios Públicos, en cabeza de la agente interventora, Yahaira Díaz, en un consejo distrital de Gestión del Riesgo.

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"En épocas de sequía siempre teníamos un plan de contingencia, nunca dejábamos a los habitantes de la ciudad sin una gota de agua, pero desde que la empresa ESSMAR fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, le han incumplido a la ciudadanía con el abastecimiento del preciado líquido". 

“Todos sabemos que años tras años se presentan las temporadas de sequías y por ende se tienen que desplegar acciones eficientes para poder mitigar el desabastecimiento, ha sido evidente que las acciones que ha tenido la ESSMAR intervenida para mitigar el desabastecimiento, no han sido las mejores”, expresó la mandataria.

Finalmente, la mandataria también reveló que se tomaba esa decisión por el informe meteorológico entregado por el Ideam.

Es de anotar que la problemática del agua en el Distrito ha causado molestias no solamente en la ciudadanía, sino también en algunos funcionarios públicos, como en el caso del procurador Ambiental y Judicial del Magdalena, Jorge Escobar Silebi, funcionario que el pasado viernes, 1 de abril, reveló un estudio del año 2018, donde mostró que las aguas del acueducto de santa Marta contienen la bacteria de escherichia coli, es decir, heces fecales.

Dichas afirmaciones causaron molestias en el gabinete de la Alcaldía Distrital; el primero en pronunciarse fue Iván Calderón Quintero, secretario de desarrollo económico y competitividad quien expresó que, "rechazamos da manera contundente las falsas y mentirosas declaraciones del procurador Jorge Escobar Silebi, respecto a que por los acueductos de la ciudad de Santa Marta corren aguas contaminadas con materias fecales o la bacteria del escherichia coli".

"Él hace esas declaraciones en un foro con empresarios a portas de nuestra temporada turística de semana santa, sin ninguna clase de afirmación científica, basándose en unos estudios del año 2018, hace cuatro años y los hace ver como si fueran del día de hoy; esta declaración afecta al sector productivo, afecta a una temporada que se ha manifestado como exitosa con más del 90% de la ocupación hotelera. No se justifica que este personaje utilice su condición de servidor público como procurador para generar pánico e incertidumbre entre el gremio hotelero y turistas”, sostuvo.

"Es falsa esa afirmación y es una afirmación politiquera", aseguró Calderón Quintero. Otro de los funcionarios de la Alcaldía que no quedó contento con las revelaciones del Procurador Ambiental, fue Luis Fernando Pinzón, secretario de promoción social, inclusión y equidad.

“Es muy irresponsable que este procurador, Escobar Silebi, salga con unas afirmaciones de unos estudios de hace cuatro años, en las próximas horas la secretaría de salud del distrito hará su pronunciamiento con respecto a ese estudio, pero lo que realmente nos preocupa es que el procurador Escobar Silebi, no le exige a la Superservicios, quien tiene intervenida a la empresa ESSMAR, empresa de servicios públicos, que salga a cumplirle con la contingencia de abastecimiento a la comunidad", indicó.

Dijo que "desde hace dos años no ha habido necesidad de declarar una calamidad pública porque desde la alcaldía siempre se atendió con planes de contingencia cuando había tiempo de sequía y nos preocupa que el procurador esté defendiendo una intervención a la empresa de agua”.

“La Secretaría de Salud revelará un comunicado oficial para desvirtuar con datos precisos la afirmación del procurador”, expresó Pinzón.

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Por su parte, el procurador dijo que “la labor de la Procuraduría General de la Nación ha sido la búsqueda de que se garanticen los derechos colectivos, prestación de los servicios públicos, el cumplimiento de la ley y de la constitución y la asertividad y eficiente inversión y priorización de los recursos públicos, porque hay aguas y ha habido dineros. La ley ordena que los fines de la contratación estatal consistan en garantizar el cumplimiento de los fines estatales y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos”, afirmó el procurador Escobar Silebi.  

El funcionario también afirmó que, “para el 14 de diciembre de 2014 hubo un estudio de la universidad de los Andes, que demostraba que el acueducto para Santa Marta tenía un costo de 35.000 millones de pesos y que además el distrito para el año siguiente, es decir, para el 2015, contaba con 167.321.000 millones de pesos de recursos propios, es decir que sí había plata para solucionar la problemática del agua”.