La Contraloría General de la Nación ordenó a través de decreto del 19 de octubre del presente año, la intervención del convenio que la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) venía asumiendo en cuanto al control y vigilancia del servicio de la empresa de aseo Interaseo en la capital del Magdalena.
El ente de control tendrá la función de vigilar la gestión fiscal de ambas empresas en todos los niveles administrativos, y respecto de todo tipo de recursos públicos, incluyendo un seguimiento permanente a los recursos públicos que estén en poder en la concesión.
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La decisión de la Contraloría se sustentó en una denuncia interpuesta por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, la cual había elevado una solicitud de control fiscal sobre este contrato de interventoría ya que, según los denunciantes, habría varias irregularidades.
“Esta decisión es de trascendental importancia porque puede evitar que la ciudad de Santa Marta entre en un colapso sin precedente frente a lo que pudiera significar cualquier traumatismo en el manejo actual de los residuos sólidos y el proceso de recolección de basuras”, señaló Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías.
Para Bustos, es necesario esclarecer si hubo o no irregularidades en el nombramiento de Patricia Caicedo en la gerencia de la Essmar. Según la Red de Veedurías, la intervención permitirá revisar de manera detallada el manejo del recurso y servicio público que le han dado a Interaseo el gobernador Carlos Caicedo, la gerente de la Essmar, Patricia Caicedo y la Alcaldía de Santa Marta.
A las denuncias recibidas por el ente de control, por parte de los líderes políticos locales, se suma la dificultad de la operación de la empresa contratista, la cual se debe a los cuestionamientos que realiza la interventoría a través de sus funcionarios en el sitio de despacho de los vehículos recolectores, por no estar bien lavados los carros o no tener en funcionamiento el radio intercomunicador.