Avanza plan de acción para solucionar erosión en la vía Salamina – El Piñón, Magdalena

En el marco de la calamidad pública decretada por la Gobernación del Magdalena, se trazó el plan de acción para solucionar la erosión fluvial en la vía Salamina – El Piñón, a la altura del kilómetro 2.5.

A través de un comunicado de prensa, la Gobernación del Magdalena informó que este domingo se presentó una nueva pérdida de la banca por socavación del río Magdalena en el kilómetro 2,1 de la vía, cerca de donde opera el ferry, por lo que con el apoyo de las entidades competentes se trabajará en la habilitación del carreteable, mientras se pueden ejecutar obras de protección de orilla en ese punto crítico.

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De igual manera, se expresó por parte de la administración Departamental, que gracias al apoyo de cinco máquinas, el Invías avanza en la habilitación de una vía paralela que tiene un trazado de 8 kilómetros y este domingo inició los trabajos de mejoramiento en 3 puntos críticos, para que se puedan movilizar vehículos livianos y motos por ese sector.

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento, Jaime Avendaño, se desplazó hasta el sector afectado para coordinar con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que los trabajos de protección de orilla, con obras de control de la erosión y disipadores de velocidad que se están ejecutando, también incluya ese punto crítico.

Con los 670 millones de pesos aportados por la Gobernación y Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo,  la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) realizó trabajos de dragado controlado y dirigido para remover la isla de sedimentos formada en el sector del Tamarindo.

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Teniendo en cuenta que estos recursos son insuficientes, el gobernador Carlos Caicedo propuso destinar 10 mil millones de pesos del convenio firmado entre el Departamento e INVIAS, pero esto fue imposible debido a los dos planes de mejoras incumplidos por la administración anterior y además la desactualización del proyecto desde el 2017, lo que llevó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) a implementar medidas cautelares y suspender recursos por más de 70 mil millones entre tanto se aclaran las irregularidades pendientes por subsanar, en lo cual trabaja la actual administración departamental.