“Acuatráfico” en Santa Marta: mafias del agua venden el líquido hasta por $15.000 la hora

La crisis de agua en Santa Marta ha dado paso a un mercado ilegal que impone precios y condiciones a los ciudadanos desesperados por acceder al líquido vital. Este fenómeno, que se ha convertido en una especie de "acuatráfico", opera a través de estructuras ilegales que controlan válvulas y puntos de abastecimiento, vendiendo agua a precios exorbitantes.

"Hay dos personas que colocan el agua. Ellos son los que tienen encargados desde esos puntos hacia arriba ponerle agua a todas las casas. Entonces, esos dos señores cobran de 10 mil a 15 mil pesos por hora por colocar el agua a los que no tenemos acceso", explicó un habitante de la parte alta del barrio El Yucal, un sector popular de Santa Marta.

Muchos habitantes denuncian que mafias y carteles del agua dominan la distribución en barrios vulnerables. La precariedad ha llevado a algunos ciudadanos a elegir entre comprar agua o alimentos, mientras los intentos por regular la situación se ven obstaculizados por el miedo a represalias.

"Porque aquí el agua la tiene un señor al margen de la ley y, mejor dicho, esto es un problema bastante complicado. No solamente hemos recibido amenazas, sino también atentados; lo declaran a uno objetivo militar, te envían panfletos y, a los dos o tres días, llegan personas a la puerta de tu casa", afirmó un líder social del oriente de la ciudad.

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Las autoridades han identificado tres modalidades de este negocio ilegal: la venta por horas desde puntos fijos, la compra de carrotanques y la distribución en pimpinas de agua de dudosa calidad en zonas vulnerables.

El problema también ha sido aprovechado con fines políticos, pues en cada elección se promete una solución sin avances reales en los proyectos de expansión del acueducto. Mientras tanto, los samarios siguen pagando el agua más cara del país y viendo cómo su derecho fundamental se convierte en una mercancía controlada por estructuras criminales.

La necesidad de agua que padecen miles de habitantes ha derivado también en problemas de convivencia entre comunidades que se disputan el acceso al recurso.

Lerber Dimas, activista de derechos humanos, señala que mucha gente debe levantarse a las 3 o 4 de la mañana para conectar una motobomba y conseguir que le vendan una pimpina de agua. "Todo esto genera conflictos sociales en los barrios porque no existen las condiciones para que la gente tenga una vida digna", sentenció.

De acuerdo con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), se han identificado 60 barrios que enfrentan desviación del recurso hídrico para beneficiar intereses individuales. Esto afecta tanto a la compañía como a la comunidad en general. "Al hacer estas malas intervenciones en la red de acueducto también se generan fallas en el sistema, lo que impide que el agua llegue de forma adecuada al resto de barrios", precisó Isis Navarro, exgerente de la empresa.

Navarro explica por qué es tan difícil entablar acciones judiciales contra quienes realizan estas prácticas ilegales que atentan contra la prestación del servicio de agua potable.

"Esa gente tiene toda una estructura detrás y a la comunidad en general le da miedo, porque ese delincuente que hace la defraudación de fluidos puede tomar represalias contra el vecino que hizo la denuncia. Entonces la gente, de boca, sí le dice a uno, pero es difícil recaudar pruebas, y por eso los juzgamientos no son eficientes".

La situación se torna insostenible para las familias que no disponen de los 15 mil pesos para acceder al agua extraída de las conexiones ilegales. La Personería tiene información de que esos puntos también son comercializados como una especie de mayoristas, que los adquieren por valores que oscilan entre un millón y un millón y medio de pesos.

"Estos puntos son comercializados más o menos en un valor de un millón a millón quinientos mil pesos y estos, a su vez, se encargan de comercializar el agua entre 10 mil y 15 mil pesos por hora de suministro", aseveró Edward Orozco, Personero Distrital.

Ante esta obligada impunidad, la Policía Metropolitana de Santa Marta, a través del coronel Jorge Bernal, expone lo que se está haciendo para combatir las estructuras ilegales que se lucran del agua en detrimento de los samarios.

"Nosotros venimos haciendo acompañamiento a todas las autoridades ambientales a través de nuestra Policía de Carabineros para realizar controles y supervisiones en estos lugares donde muchas veces se comercializa de manera ilegal. Seguimos trabajando; hacemos parte del PMU frente al seguimiento que se le hace a estas actividades".

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La carencia de agua, agudizada por la captación ilegal, genera un fuerte impacto en la economía local. Así lo analiza Iván Calderón, empresario y exsecretario de Desarrollo Económico, quien sostiene que en Santa Marta se paga el agua más costosa del país.

"Según cálculos, si cada familia de estrato 1 en Santa Marta destina aproximadamente 15 mil pesos diarios para comprar 6 o 7 pimpinas de 20 litros, estaría invirtiendo 450 mil pesos mensuales, lo que equivale a poco más de un tercio de un salario mínimo. Mientras tanto, en Bogotá el estrato 1 paga dos mil pesos por metro cúbico, el equivalente a 50 pimpinas. Esto genera más pobreza porque se destina gran parte del presupuesto a un servicio básico", argumentó.

A esto se suman los problemas sanitarios derivados del consumo de agua no tratada, especialmente la suministrada por carrotanques y pimpinas que son mal almacenadas y de dudosa potabilidad.

"El agua que se transporta normalmente en carrotanques no cumple con los requisitos de ley. Además, al no recibir el tratamiento adecuado, esto viene generando problemas estomacales a quienes ingieren este tipo de líquidos. Asimismo, cuando no se generan revisiones ni se conocen los estándares de calidad, se generan otro tipo de enfermedades", afirmó Jorge Lastra.

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Hasta ahora, la solución al desabastecimiento de agua en Santa Marta no pasa de ser una promesa incumplida. En el caso del actual mandatario, Carlos Pinedo, ha reiterado que su administración no se quedará en proyectos formulados, sino que resolverá el problema, al menos de forma gradual.

"Tenemos establecida la solución para todo el Distrito de Santa Marta, incluyendo la zona rural. Vamos a hacer una inversión con recursos propios de 850 mil millones de pesos, ya aprobados por el Consejo Distrital. Además, tenemos la fe intacta en que el Gobierno Nacional nos apoyará con recursos importantes".

Santa Marta es una ciudad que, irónicamente, posee riqueza hídrica que no ha sido aprovechada de forma sostenible. Cada alcalde se presenta como el redentor del principal problema que aqueja a los samarios, en una ciudad que ve amenazada su competitividad turística y la calidad de vida de sus habitantes por no suplir una necesidad esencial como es el acceso al agua potable.

La gran esperanza está puesta en la conmemoración de los 500 años de la ciudad, para que el Gobierno Nacional apoye la materialización de los proyectos correspondientes al Plan de Choque y al Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en Santa Marta, que según ha manifestado el alcalde Carlos Pinedo Cuello, ya están radicados ante el Ministerio de Vivienda y se encuentran en espera de aprobación.