Fiscalía acusó al exgobernador Luis Monsalvo Gnecco por contratos irregulares en pandemia

En el marco de la investigación por presunta corrupción en la contratación pública durante la pandemia del Covid-19, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exgobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

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Monsalvo Gnecco enfrenta cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, relacionados con la distribución de kits alimentarios para la población vulnerable del departamento.

Según la Fiscalía, el exgobernador habría aprovechado la emergencia social y económica decretada por el Gobierno Nacional en marzo de 2020, para autorizar la celebración de 23 contratos destinados a la adquisición de 73.500 kits alimentarios. Estos contratos, valorados en 9.000 millones de pesos, tenían como objetivo atender a las familias más afectadas por la crisis sanitaria, pero, de acuerdo con las investigaciones, presentaron varias irregularidades en su proceso de licitación y ejecución.

Uno de los elementos en el caso es que el Luis Alberto Monsalvo delegó la gestión de los contratos a la Secretaría General de la Gobernación, aunque, según los investigadores, estuvo involucrado activamente en la supervisión del proceso. Se le acusa de haber permitido el posible direccionamiento irregular de los contratos, lo que pudo haber favorecido a ciertos proveedores y vulnerado los principios de transparencia y selección objetiva.

El expediente indica que no se realizó un estudio de mercado adecuado para determinar el costo real de los kits alimentarios, lo que dio pie a que se fijara un valor  de 126.600 pesos por cada kit, sin que se tuvieran en cuenta aspectos clave como la calidad y la cantidad de los productos, así como la logística de distribución en las zonas más afectadas del departamento. Este sobrecosto habría generado un detrimento patrimonial para el departamento de 408 millones de pesos.

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La Fiscalía destacó que Monsalvo Gnecco, omitió su deber de supervisar y controlar el adecuado desarrollo de los contratos.