Entradas de acceso de Cerro Matoso son bloqueadas por comunidades de San José de Uré

Miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Uré y el Cabildo Indígena La Libertad de Puerto Colombia llevan más de 30 horas bloqueando las vías de acceso  a Cerro Matoso e  ingresando de manera no autorizada a la operación minero-metalúrgica, arriesgando su integridad.

  El presidente de la mina , Ricardo Gaviria, dijo que  Cerro Matoso es respetuoso de las manifestaciones públicas y pacíficas que los ciudadanos pueden realizar amparados en la Constitución Nacional, la Ley, y las instituciones en Colombia que protegen este derecho a la protesta.

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Sin embargo, dijo que bloquear las vías de acceso a las instalaciones, impedir el acceso de trabajadores, contratistas, equipos y materiales necesarios para garantizar la seguridad de la gente y la estabilidad de la operación es un acto de violencia que la empresa rechaza y que desborda el ejercicio del derecho a la protesta, pone en riesgo a seres humanos y atentan contra la integridad de la operación de Cerro Matoso.

 Mediante un comunicado   informaron   que las  manifestaciones están vulnerando el derecho al trabajo y libre movilidad de más de 2.000 personas, entre empleados directos y contratistas, especialmente de 450 personas, quienes permanecen encerrados en la planta desde el domingo.

 Expresaron que la  compañía ha venido cumpliendo a cabalidad desde 2019 con los acuerdos protocolizados  producto de 18 meses de diálogo, más de 115 mesas de trabajo y 1.000 participantes.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad competente y designada por la Corte Constitucional para verificar el cumplimiento de la Sentencia T-733, ha reconocido que todas las órdenes bajo responsabilidad de Cerro Matoso están siendo cumplidas a cabalidad.

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 Explicaron que los acuerdos de consulta previa, en el marco del principio de buena fe, fueron firmados entre las partes con el acompañamiento y aseguramiento de las entidades competentes, estableciendo la importancia de encontrar medidas concertadas para resolver cualquier inconveniente e incluyeron el compromiso de las comunidades por evitar vías de hecho que puedan afectar las operaciones de la compañía, condición que no se está cumpliendo.

 Finalmente, advirtieron que en caso de no poder superar el bloqueo  la empresa se verá obligada a declarar la fuerza mayor en la ejecución de sus contratos y suspender todas las actividades que no sean imprescindibles para la operación.