Al embargar recursos que son de destinación específica están poniendo en riesgo la estabilidad de la caja de compensación, dijo su directora
La directora administrativa de Comfasucre dejó al descubierto lo que para ella es un “entramado criminal”
La directora administrativa de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), Doris Benavides, dejó al descubierto lo que para ella es un “entramado criminal” que un grupo de abogados estaría realizando contra las EPS en Sucre. Benavides aseguró que al embargar recursos que son de destinación específica están poniendo en riesgo la estabilidad de la caja de compensación, con cobros coactivos de montos exorbitantes que, según ella, están alejados de la realidad.
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“Hemos venido siendo víctimas de un cartel que está operando a nivel nacional, es un pool de abogados que está visitando a cada uno de los gerentes de las ESE del departamento de Sucre y les están presentando una forma de defraudar a las cajas de compensación que administraron programas de salud, como en el caso de Comfasucre, y algunas EPS. Esto se presenta con cuentas extrañas y liquidaciones desde el año 2012 hasta el año 2021 hechas a su manera y sobre contrato liquidado. Están cobrando unas carteras que no existen”, afirmó la directora administrativa de Comfasucre.
En Sucre la situación se repite, además de la Caja de Compensación Familiar, en la Nueva EPS y en Mutual ser, con cobros coactivos de ESE de los municipios de Galeras, El Roble, Sincé y Santiago de Tolú, que superan los 45 mil millones de pesos.
“Está en riesgo la estabilidad económica de la caja y está en riesgo que la caja pueda cumplir la misión para la que fue constituida. Las cajas de compensación se alimentan del 4% que los empresarios pagan por trabajadores afiliados, para que puedan acceder a todos los servicios a los que tienen derecho por ley, como recreación, deporte, cultura, vivienda, educación, salud, los fondos de ley, el fondo al desempleo, el de la niñez, Fovis. Los dineros que se toman son los de los fondos los que son inembargables”, añadió.
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La directora administrativa exhortó a los entes encargados para que le ponga la lupa en estas acciones que, según ella, no han sido permitidas en ciudades como Barranquilla, donde se negaron a embargar recursos basados en una circular del Consejo Superior de la Judicatura, que advierte sobre la inembargabilidad de los recursos públicos de la seguridad social en salud y la carencia de competencia por parte de las Empresas Sociales del Estado para adelantar procesos de cobro coactivos en contra de las EPS, entidades responsables del pago.
