Desde la Adres evalúan recursos que permitan afrontar crisis económica de centros hospitalarios de La Guajira
El director de la Adres, Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro, se encuentra en la capital del departamento, en compañía de con la Viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, donde se han reunido con actores del sistema de salud de La Guajira, para hacer un balance de cuentas respecto a los pagos que ha realizado la ADRES por el aseguramiento en salud y los mecanismos excepcionales ejecutados en la pandemia del Covid-19 y revisar el flujo de recursos de la salud en el Departamento.
En dicha reunión se revisaron todas las deudas que el ente territorial tiene con los servicios y tecnologías que no están financiados por el Ministerio se Salud y Protección Social, esto con el fin de adelantar una agenda para que La Guajira pueda acceder a los beneficios de cofinanciación.
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Dieron a conocer que esto hoy es posible gracias al resultado del trabajo que se ha realizado en auditar estas cuentas históricas que venían desde el año 2017, estableciendo un monto auditado de 26 mil millones de pesos, que entrarían en una conciliación con los diferentes acreedores, lo cual permitirá que el Gobierno Nacional pueda hacer una evaluación del esfuerzo fiscal, y se determine el monto de recursos que este puede comprometer, para pagar antes de que termine este año.
Adicionalmente, señalaron que se revisaron todas las deudas provenientes de Migrantes, las cuales ascienden a los 42 mil millones de pesos, valor que fue solicitado al Ministerio de Hacienda y en estos momentos se establecen la fuente y se espera pagar este monto antes de final de año.
Por su parte, la Viceministra Godoy realizó un llamado a los prestadores de servicio de salud en La Guajira para que se trabaje de manera conjunta en el aseguramiento completo de la población local y migrante, con el objetivo de contribuir en el fortalecimiento del sistema de salud en este territorio.
Mientras que el Director Gutiérrez Sampedro ratificó su permanente compromiso y disposición para apoyar a las entidades territoriales en la garantía del flujo de recursos oportunos a EPS, IPS y afiliados y de esa forma, mitigar los efectos de la crisis generada por la pandemia en el país.