Así ya lo comenzaron a advertir a algunos gobernadores del país.
En medio de la emergencia sanitaria que se presenta en el país por la propagación del coronavirus, las entidades prestadoras de salud están obligadas a brindar el servicio adecuado a los pacientes y a cumplir los protocolos para la detección de esta enfermedad en la población.
Los mandatarios locales son los encargados en las regiones de hacerle seguimiento a la labor que están haciendo las EPS, IPS y ARL, para contener la pandemia en el territorio nacional.
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Ante esto, algunos gobernadores del país ya comenzaron a advertir que interpondrán denuncias penales, contra las entidades que incumplan los protocolos establecidos para la detección del Covid-19.
“Yo quiero advertir de que quien desacate las órdenes impartidas en estas medidas sanitarias, tendrán consecuencias penales entre cuatro y ocho años según lo establece el Código Penal, además de las sanciones administrativas y disciplinarias que se establecen y los que no estén cumpliendo con estas obligaciones, yo mismo me voy a encargar de denunciarlos”, señaló el gobernador del departamento de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.
Asimismo, el funcionario dio un plazo de 24 horas en su territorio para que los prestadores de salud públicos y privados, entreguen un protocolo de atención domiciliaria, aislamiento y fortalecimiento del servicio de telemedicina y de medicamentos, en medio de la crisis.
“En esta emergencia que tiene el país, todos adquirimos obligaciones y estoy esperando que se cumplan con las obligaciones que la ley impone”, indicó.
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El Gobierno Nacional ha hecho un llamado a la ciudadanía para que cumplan la cuarentena que fue decretada por 19 días en el país y tomen las medidas que sean necesarias para evitar un posible contagio de la enfermedad.
En el decreto de aislamiento total emitido por el presidente de la República, también se advierte de sanciones penales de hasta ocho años de prisión para quienes incumplan sus disposiciones y no se queden en las casas.
