Comunidades indígenas fueron desalojados de sus territorios en La Guajira

Comunidades indígenas wayúu que se tomaron la Troncal del Caribe en La Guajira, en rechazo al desalojo del territorio ‘Wayukaso’, en zona rural de Riohacha, levantaron el bloqueo sin llegar a acuerdos con las autoridades competentes.

Más de 40 familias se han visto afectadas por el desalojo que otorgó un juez de la República, después de habitar en esa comunidad por más de 30 años. Es de resaltar que en ese predio habitaban más de 40 niños, mujeres gestantes y adultos mayores.

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“Quedamos en la calle, no hay ninguna protección por parte de las entidades, somos 45 familias que no sabemos para dónde vamos a agarrar”, indicó una de las afectadas.

Cabe indicar que el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional hace presencia en la comunidad indígena y la inspectora de policía estipuló un plazo de 72 horas a las familias que ocupan los predios del ‘Wayukazo’.

Igualmente, la comunidad indígena contaba con el suministro de agua potable, con energía, y con una Unidad Comunitaria de Atención (UCA), donde asistían varios de los niños que vivían en ese territorio a recibir sus clases, también es de resaltar que hay dos madres gestantes.

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El episodio de niños, niñas, adultos llorando fue uno de los más nostálgicos, ya que fueron desalojados de sus viviendas en el que ya estaban acostumbrados a ver.

“Estamos perjudicados, desde los niños, las mujeres gestantes y hasta las personas discapacitadas, solamente nos toca salir y recuperar lo poco que tenemos, porque lo mucho que hemos construido desde hace muchos años, ya todo está destruido”, comentó Yosmeris Peñalver.

Con maquinaria pesada empezaron a derribar el lote en el que se encontraban las familias wayúu, los niños con miedo y escondidos se encontraban viendo cómo se desplomaba uno de sus ranchos.

También es de anotar que las organizaciones indígenas manifestaron que realizarán un documento en el que rechazan las medidas judiciales, y que además, protestarán de cualquier forma para que el Gobierno nacional los escuche y les pueda reconocer un lugar para vivir.