Superservicios exige a Afinia garantizar la continuidad del servicio de energía en Bolívar

La controversia por la implementación de los “Períodos de Continuidad Concertada” (PCC) en zonas de bajo recaudo y altos índices de pérdidas en los departamentos donde opera Afinia, los cuales son Bolívar, Sucre, César,  Córdoba y algunos municipios en Magdalena, sigue generando un debate entre los usuarios y autoridades.

El reciente anuncio de Afinia, filial del Grupo Empresarial EPM, de instaurar estas medidas en áreas de difícil recaudo, ha sido objeto de un fuerte rechazo. En su función de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) solicitó a la empresa información detallada sobre la implementación de estos PCC, especialmente en el sur de Bolívar, donde las dificultades de recaudo son especialmente graves.

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El requerimiento de la Superservicios se fundamenta en el cumplimiento de normativas del Decreto 111 de 2012, el cual establece directrices claras sobre los Periodos de Continuidad en Áreas Especiales. Este decreto exige que cualquier acción de corte o limitación del servicio de energía sea precedida de acuerdos formales con los Suscriptores Comunitarios, los cuales deben ser avalados por las autoridades locales, como los alcaldes municipales.

Uno de los cuestionamientos que ha recibido Afinia es la protección de los derechos de las personas en situación de especial protección constitucional. Según la Sentencia T-167/11 de la Corte Constitucional, estas personas, que incluyen a pacientes oxígeno-dependientes, hospitales y acueductos, no pueden ver suspendido el suministro de energía. La Superservicios ha reiterado que, "en virtud de estos principios constitucionales, Afinia debe garantizar que estas poblaciones continúen recibiendo el servicio sin interrupciones". 

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A pesar de las preocupaciones, el gerente general de Afinia, Ricardo Arango Restrepo, defendió la implementación de los PCC, afirmando que la empresa está en espera de que los Suscriptores Comunitarios proporcionen la información necesaria sobre los "protegidos constitucionales" en sus áreas. Esto incluye identificar a personas que, por su condición, deben seguir recibiendo energía, y asegurarse de que el servicio se mantenga disponible para hospitales o zonas con alta presencia de menores de edad. Según Arango, las suspensiones de energía en áreas como Montecristo o Hatillo de Loba se realizarán solo después de verificar si algún usuario pertenece a estos grupos especiales.

"Estamos en espera de que los suscriptores comunitarios nos provean la información de los protegidos constitucionales que hay al interior de sus áreas... la medida de suspensión se detiene hasta que podamos garantizar que estos usuarios sigan recibiendo el servicio de manera continua. Las excepciones a la suspensión están relacionadas con los protegidos constitucionales, pero necesitamos que esta información se nos entregue de manera formal," explicó Arango en una reciente entrevista.

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Así las cosas, la Superservicios ha instado a Afinia, las comunidades locales y los alcaldes de las zonas afectadas a llegar a acuerdos que permitan resolver la problemática de los altos índices de deuda sin afectar a los usuarios más vulnerables. La entidad reguladora recordó que "los derechos fundamentales no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia, y solicitó a la empresa que implemente alternativas para garantizar la continuidad del servicio, especialmente para aquellos que se encuentran dentro de los grupos de protección constitucional".

En cuanto a la duración de los racionamientos, Afinia anunció que estos se mantendrán hasta que se logre una reducción significativa de la deuda en las comunidades afectadas. La empresa ha asegurado que realizará evaluaciones mensuales de las cifras de recaudo y pérdidas, con el fin de ajustar las medidas según sea necesario y eventualmente reducir las horas de corte o suspensión.