La inseguridad no da tregua en la capital del Atlántico. Ahora las trabajadoras sexuales están siendo extorsionadas, por parte de motorizados, quienes llegan hasta las zonas donde están ejerciendo su labor y les exigen sumas de dinero que oscilan entre cinco y 50 mil pesos, de no entregarlo, les impiden ejercer la actividad.
"Viene tarde en la noche un grupo de personas en motos y les exigen que deben pagar una cuota para dejarlas trabajar. Es una obligación para ellas. Creo que, para conseguirlo, las amenazan", manifestó una habitante de la zona.
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Esta situación se ha evidenciado en el parque Cementario Universal, en zona céntrica de la ciudad. Allí, estas mujeres se ven obligadas ceder a las pretensiones, ya que varias son madres cabeza de hogar, con hasta cuatro hijos.
"Muchas de estas mujeres son desplazadas de la violencia, provenientes de la zona de Urabá y quienes se dedican a esto para sobrevivir. A varias de ellas, les han dado su casa en el sur de la ciudad. Una de ellas, me dijo que le dieron un apartamento, pero a veces no tiene plata para la comida de sus niños y le toca salir a rebuscarse de esa manera", expresó Aurelio Castilla, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Chiquinquirá.
La comunidad indicó que, las extorsiones se están registrando desde 2018, en ese entonces solo eran cinco las mujeres víctimas del flagelo, pero ahora el enano ha crecido y ya son 20 las afectadas, en ese punto de Barranquilla. La comunidad, señaló que las autoridades, están al tanto de la situación.
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"Las autoridades saben quiénes son porque han hecho inteligencia. Nosotros no sabemos", aseveró Castilla.
Las trabajadoras sexuales, así como los comerciantes, no son las únicas víctimas de este delito. Recientemente, los campesinos al oriente del Atlántico denunciaron que varios de ellos han dejado sus tierras, debido a que, según expresaron, están siendo extorsionados, por parte de personas que los llaman para exigirles cantidades de dinero variable, las cuales pueden alcanzar los tres millones, a cambio de no atentar contra sus familiares o animales.
Frente a ello, las autoridades en el departamento están verificando el tema, identificando que, las llamadas se originan de una cárcel del territorio nacional. En este sentido, están tratando de establecer quiénes son los responsables y si hacen parte de una organización o es delincuencia común.
Hasta el momento, han recibido 52 denuncias de personas dedicadas a distintas actividades, quienes afirman ser blanco de este actuar delictivo.