Comité de Abogados solicitó declarar crimen de lesa humanidad homicidio de profesores barranquilleros

Tras cumplirse 22 años del asesinato del profesor y dirigente sindical de la Universidad del Atlántico, Lisandro Vargas Zapata, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, Cajar, solicitó declarar el homicidio del docente como un crimen de lesa humanidad. También elevó la misma solicitud respecto del homicidio del maestro Antonio Enrique Meza Consuegra quien se dedicaba a la labor sindical desde 1990 en el sindicato Sintraua y quien fuera asesinado por grupos paramilitares que delinquían en el departamento del Atlántico y habrían actuado en alianza con agentes de la fuerza pública.

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“Nosotros vinimos a despertar ya después que asesinaron a mi papá, para nosotros era normal y pensábamos que la lucha de él era por la Universidad y para que los estudiantes de allá tuvieran sus implementos de trabajo y él estaba era defendiendo los intereses del pueblo en la Universidad”, indicó uno de los hijos del docente Lisandro Vargas durante uno de sus testimonios.

Según la abogada Yessika Hoyos Morales, quien actúa como representante de víctimas en el proceso penal, los homicidios cometidos en contra de Lisandro Vargas Zapata y de Antonio Enrique Meza Consuegra, se inscriben en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido en contra de la población civil perteneciente a la comunidad universitaria de la Universidad del Atlántico, y fue cometido por varios motivos discriminatorios especialmente por razones de orden político.

“Estos dos homicidios no fueron aislados, sino sistemáticos, pues se enmarcaron en la ejecución de una política de cooptación de los recursos públicos de la Universidad del Atlántico. Grupos paramilitares se tomaron a sangre y fuego la Universidad del Atlántico, y ejecutaron un plan de exterminio o depuración física de quienes cuestionaban o denunciaban el entramado criminal pactado, o exigían transparencia en las cuentas públicas y en la correcta ejecución del presupuesto de la universidad. Dinero que, sobra decir, era codiciado por los grupos paramilitares y por los funcionarios públicos corruptos, y el cual, efectivamente terminaba en sus arcas particulares”, sustentó Hoyos Morales.

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Asimismo, resaltó que son más de 20 años que las familias de los educadores llevan reclamando que se haga justicia sin que hasta el momento el Estado responda por estos crímenes, por lo que, desde Cajar hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con diligencia, reconozca el contexto de comisión de los crímenes y declare que los homicidios constituyen crímenes de lesa humanidad.