Carlos Ibañez, Jesús Díaz y José Arévalo
Cortesía familia.
20 Sep 2022 08:49 AM

Teniente coronel Núñez será trasladado a la cárcel La Picota por asesinatos de 3 jóvenes en Sucre

Jairo Alonso
Pérez Delgado
Por los asesinatos de los 3 jóvenes hay 11 policías investigados.

En el Juzgado Segundo Penal del municipio de Tolú negaron la solicitud presentada la semana pasada por la defensa del teniente coronel Benjamín Núñez, de cumplir la medida de aseguramiento en la escuela de Policía Nacional Miguel Antonio Lleras Pizarro.

 También  solicitó  como otra opción que fuera trasladado a  la estación de carabinero en el comando de la Policía Metropolitana de la capital de la República.

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La decisión del despacho  fue enviarlo a la cárcel La Picota de Bogotá por  presunta participación en los  homicidios de los 3 jóvenes oriundos del corregimiento de Chochó (Sincelejo), José Carlos Arévalo Contreras, Carlos Alberto Ibáñez y Jesús David Díaz Monterroza.

Al  teniente coronel Benjamín Núñez  Jaramillo, le imputaron los delitos de los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Cabe recordar que en  total son 11 los policías que ya están privados  de la libertad por estos hechos que se registraron el pasado 25 de julio.

 A la cárcel La Picota, en Bogotá,  también fueron trasladados 6 de los 10 policías procesados por los asesinatos de los  tres jóvenes son ellos : Santiago Garavito Díaz, Álvaro Álvarez Ricardo, Yamit Henao Araque, Uber Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado y Leila Ávila Pestana.

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  La semana  pasada tanto la Fiscalía como los  abogados representantes de las víctimas solicitaron medida de aseguramiento intramural en centro carcelario durante  sus intervenciones.

Cabe recordar  que el  excomandante operativo de la Policía en Sucre, coronel Benjamín Núñez, se entregó en el consulado de Colombia en ciudad México el pasado 10 de septiembre y durante la audiencia  de imputación  no aceptó los cargos pero dijo que buscaría la opción  de llegar a una negociación.

Además, un  juez ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), realizar un estudio de riesgo de seguridad de los testigos y abogados de las familias de los tres jóvenes asesinados.