Ministro de las TIC critica la suspensión del proceso contra Karen Abudinen en el caso de Centros Poblados

Tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de archivar la investigación contra la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, por el escándalo de Centros Poblados, el actual ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, expresó su inconformidad y lanzó una crítica contundente sobre el desenlace del proceso.

Lizcano no ocultó su malestar ante los medios y calificó de "lamentable" que un caso tan grave, en el que se perdieron 70.000 millones de pesos destinados a la conexión de más de 15.000 escuelas rurales, termine sin sanciones para los responsables.

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"Yo creo que es lamentable que un caso tan grave como el de Centros Poblados, donde se perdieron 70 mil millones, queden en la impunidad y siempre terminan pagando los de abajo. Yo creo que ese es un punto de reflexionar en Colombia, ¿hasta qué punto realmente la justicia se opera o la justicia solo es para los de ruana?", afirmó el ministro.

Hay que recordar que la Procuraduría General de la Nación decidió archivar la investigación en contra de la exministra de TIC, Karen Abudinen, ya que de acuerdo con el ente de control, a lo largo de la investigación no se encontraron pruebas suficientes para imputar por faltas disciplinarias.

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En su fallo, la Procuraduría destacó que la exministra cumplió con sus funciones de manera adecuada y que no tuvo responsabilidad directa en los hechos que desencadenaron la pérdida de los fondos públicos.

El proceso se había iniciado tras la pérdida de 70.000 millones de pesos, destinados a conectar a internet más de 15.000 escuelas rurales en Colombia, por irregularidades en la adjudicación del contrato 1043 de 2020 a la Unión Temporal Centros Poblados.

Según el documento oficial, "no se acreditó conducta irregular" por parte de Abudinen, ni se hallaron indicios de que hubiera cometido algún tipo de falta relacionada con la licitación del contrato.

Según el análisis del Ministerio Público, las decisiones adoptadas por Abudinen durante su gestión no constituyeron violaciones a las normas de contratación pública, por lo que no existía justificación para continuar con el proceso disciplinario en su contra.