
Fiscalía desiste de acusaciones contra coronel de la FAC capturado en Santa Marta
En un nuevo episodio que deja en entredicho la rigurosidad de las investigaciones judiciales en Colombia, la Fiscalía desistió de la imputación en contra del coronel Felipe Peñarredonda y ordenó su libertad, tras determinar que fue una víctima dentro del proceso en el que había sido detenido.
La abogada del coronel, María Paula Escorcia, anunció a través de un comunicado que, tras esta decisión, procederán a constituirse como víctimas dentro del caso.
Según el comunicado oficial, el proceso judicial en cuestión está relacionado con la compra de un inmueble y no tiene vínculo alguno con el Clan del Golfo, desmintiendo así las versiones que circularon en algunos medios.
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El cambio de postura de la Fiscalía surge después de un análisis detallado de los elementos materiales probatorios, lo que llevó a la conclusión de que el coronel Peñarredonda no había incurrido en ninguna conducta delictiva.
En dos oportunidades, jueces de control de garantías ya habían rechazado la restitución del inmueble objeto de investigación, reforzando la falta de mérito en su contra.
En su primera declaración tras recuperar su libertad, el coronel Peñarredonda afirmó: “Colombia es un país de muchas injusticias. Si esto le sucede a un coronel de la Fuerza Pública, no quiero imaginar lo que le pasa a los ciudadanos de a pie. Llevo 22 años en la Fuerza Aérea Colombiana y pienso seguir ahí, sirviéndole a mi patria y al pueblo de Colombia”.
La defensa del coronel también fue enfática en rechazar cualquier señalamiento que lo relacione con el Clan del Golfo, calificando esas versiones como falsas y malintencionadas.
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Este caso pone nuevamente sobre la mesa la fragilidad de las acusaciones en el sistema judicial colombiano y el impacto que pueden tener las informaciones sin sustento sobre la reputación de los investigados.
Como es de recordarse, el coronel de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Felipe Peñarredonda, había sido detenido la semana pasada dentro de las instalaciones de la Primera División del Ejército en Santa Marta por agentes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en cumplimiento de una orden del Juzgado Primero de Chibolo, Magdalena. Se le atribuían delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad documental.
Además, se mencionaban presuntos nexos con el Clan del Golfo y la supuesta conformación de una estructura criminal dedicada a estafas inmobiliarias y evasión tributaria en Magdalena y otras regiones del país.