Alcalde de Remolino destapa al ‘Cartel del Cetil’ que emitía falsas certificación laborales

Visiblemente indignado, el alcalde de Remolino, José David Escorcia Pérez, denunció en rueda de prensa la existencia de una red de corrupción que ha causado estragos en las finanzas municipales y afecta directamente a quienes realmente trabajaron por el desarrollo de esta población. Se trata de lo que las autoridades han denominado “el cartel del Cetil”, un esquema que presuntamente involucra la expedición de certificaciones laborales falsas para trámites de pensión.

Según la denuncia, este entramado ilegal habría permitido que más de 488 personas obtuvieran certificaciones fraudulentas, declarando tiempos de trabajo inexistentes en la alcaldía de Remolino. Entre los casos más escandalosos figura el de un individuo que aparece como trabajador desde los 13 años, un hecho que subraya la magnitud del descaro y la impunidad con la que operaban los involucrados.

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También se detectó que muchos de los ‘favorecidos’ son personas que ni siquiera habitan en el municipio, sino que son de otras poblaciones, incluso del vecino departamento del Atlántico.

El alcalde Escorcia Pérez identificó como principales responsables a Carlos Julio Vargas Fontalvo, exalcalde de Remolino, y Juan Carlos Cantillo Rudas, exsecretario de gobierno y actual concejal. Ambos, junto con otros implicados, habrían liderado esta operación que permitió la falsificación de datos, como salarios exorbitantes y cargos inexistentes, todo a cambio de sumas cercanas a los 20 millones de pesos por cada certificación.

“No podemos permitir que personas inescrupulosas se enriquezcan a costa de nuestro pueblo. Mientras tanto, trabajadores de la tercera edad que sí laboraron honestamente no han podido acceder a una pensión. Esto es inaceptable”, afirmó Escorcia Pérez durante su declaración.

Las consecuencias de este escándalo no son menores. Las arcas municipales, los fondos de pensiones y el propio Ministerio de Hacienda han sufrido pérdidas incalculables. El concejal Javier Quiroga manifestó su preocupación por el daño irreparable que este fraude ha ocasionado: “Estamos ante una situación que no solo afecta las finanzas públicas, sino la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

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La denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, donde los acusados enfrentan cargos por concierto para delinquir, estafa, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos, entre otros. Las autoridades ya han iniciado las investigaciones correspondientes y se espera que este caso siente un precedente en la lucha contra la corrupción en la región.

Mientras tanto, en Remolino, las esperanzas de justicia se mezclan con la indignación de una comunidad que exige respuestas. Este escándalo deja en evidencia la necesidad urgente de reforzar los controles sobre plataformas como el Cetil y garantizar que los recursos públicos sean manejados con transparencia.