Habitantes de invasiones en Valledupar protestaron en la Gobernación del Cesar por posible desalojo
En la plazoleta de la Gobernación del Cesar, los habitantes de las invasiones Los Guasimales, Brisas de la Popa y Altos de Pimienta en Valledupar llevaron a cabo una manifestación exigiendo respuestas y soluciones ante el desalojo programado para el próximo 30 de octubre.
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Los manifestantes, que han invertido en la construcción de sus viviendas, demandaron la legalización de los terrenos que habitan y la implementación de un plan de vivienda propia.
“Nosotros estamos esperando que nos den una solución exitosa para nosotros, pero que sea que podamos quedarnos en esa tierra y que la Gobernación y la Alcaldía nos dejen en ese terreno. Nosotros no decimos que no queremos pagar, lo que no queremos es que nos desalojen", sostuvo Nasli Sánchez, líder de Brisas de la Popa.
Además, los manifestantes solicitaron una mesa de diálogo con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, para conocer el avance de los trámites y evitar ser desalojados.
“Nosotros queremos eso precisamente, una instalación inmediata de una mesa de interlocución con participación de los cuatro gobiernos instaurados en el predio, participación de la Comisión del Gobierno, la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar, el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Nacional, la presencia de las entidades públicas del Gobierno en el territorio para garantizar condiciones dignas de vivienda”, añadió Sánchez.
Por su parte, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, aseguró que "vamos a aunar esfuerzos porque esto es un problema de ciudad. Hemos concertado con la defensa de los dueños de los predios y representantes de sus comunidades, lo que nos va a permitir una ruta para hacer grandes cosas. Se ha concertado una comisión permanente para que la ciudadanía afectada sepa qué se está haciendo”.
Igualmente, la Alcaldía de Valledupar informó que se realizarán avalúos, levantamientos topográficos y un censo detallado para determinar el número exacto de personas que habitan en estos asentamientos.
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Es de recordar que los ocupantes de estos terrenos cuentan con un amparo judicial basado en la tutela T-946 de 2011 de la Corte Constitucional, que los reconoce como víctimas del conflicto armado y les otorga el derecho a una vivienda digna.