Escándalo en La Guajira: capturan al alcalde encargado de Maicao por liderar red de narcotráfico con apoyo del ELN

La captura de Kevin Simón López Barrios, actual secretario de Gobierno y alcalde encargado de Maicao, desató un nuevo escándalo en el ámbito político y judicial de La Guajira. López Barrios fue detenido en una operación conjunta entre la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.  

Las autoridades lo acusan de ser el cabecilla de una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala, con fuertes vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

Según las investigaciones, López Barrios, conocido con el alias de "Kevin", contaba con una sólida estructura logística y un considerable poder económico, lo que le permitía coordinar la producción y el transporte de cocaína desde la región del Catatumbo, en Norte de Santander, hacia varios municipios de La Guajira, incluyendo Barrancas, Maicao, Riohacha, Uribia, Nazaret y Puerto Inglés, en la Alta Guajira. La droga tenía como destino final países de Centroamérica y el Caribe, tales como República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, y México, desde donde era distribuida hacia los Estados Unidos utilizando lanchas rápidas conocidas como Go-fast. 

La Fiscalía reveló que la operación de López Barrios contaba con el respaldo del ELN, un grupo armado organizado que mantiene su presencia en el noreste de Colombia. Esta organización le ofrecía protección y recursos para facilitar el tráfico de estupefacientes, lo que evidencia la profundización de los nexos entre actores criminales y estructuras del narcotráfico en la región. 

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Kevin Simón López Barrios, además de su rol en la administración local, es hijo del exdiputado Simón López, quien también está bajo la lupa de las autoridades. En 2018, el nombre del exdiputado fue mencionado en las investigaciones que relacionaban al exsenador Armando Benedetti con una presunta compra de votos. Estas investigaciones, que involucraron a 12 concejales de Maicao, fueron basadas en grabaciones que actualmente se encuentran en poder de la Corte Suprema de Justicia. 

La captura de López Barrios marca un duro golpe para las autoridades locales y pone en evidencia la penetración del crimen organizado en las esferas políticas de la región. Las investigaciones sugieren que su rol como secretario de Gobierno y alcalde encargado le permitió consolidar su red de narcotráfico, aprovechando los recursos y contactos derivados de su posición de poder. 

El modus operandi de la organización criminal liderada por López Barrios incluía la adquisición de cocaína en el Catatumbo, una región conocida por su alta producción de este estupefaciente, para luego transportarla a La Guajira, una zona estratégica debido a su cercanía con la costa caribeña. Desde allí, la droga era embarcada en lanchas Go-fast, que cuentan con la capacidad de evadir controles marítimos debido a su velocidad y maniobrabilidad.  

Estas embarcaciones, ampliamente utilizadas por organizaciones criminales, permiten transportar grandes cantidades de droga en tiempos relativamente cortos, reduciendo los riesgos de interdicción por parte de las autoridades. 

La Fiscalía General de la Nación ha señalado que continuará con las investigaciones para desmantelar completamente la red criminal asociada a López Barrios. Las autoridades estadounidenses, representadas por la DEA, han mostrado su disposición a colaborar estrechamente en este proceso, dada la importancia que reviste para ambos países el combate al narcotráfico y sus conexiones internacionales. 

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Este caso también despierta preocupación entre la población de Maicao, que ve cómo las autoridades locales, en quienes depositaron su confianza, están siendo señaladas por graves crímenes. “La captura de López Barrios y las revelaciones sobre su accionar criminal han generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza, poniendo en entredicho la integridad de la administración municipal”, asegura un habitante del municipio. 

A medida que avancen las investigaciones, se espera que surjan nuevos detalles sobre la extensión de la red delictiva y las implicaciones que podría tener este caso en el panorama político y social de La Guajira y del país en general. La justicia deberá ahora enfrentar el desafío de procesar adecuadamente a los responsables y garantizar que hechos como este no se repitan en el futuro, asegurando la transparencia y la legalidad en el ejercicio de la función pública.