La situación humanitaria derivada de la falta de agua y alimentos, se ha exacerbado para las comunidades en tiempo de pandemia.
En total son diez los casos reportados durante los meses de la pandemia.
Según la denuncia los menores fallecidos de 17 y 24 meses venían padeciendo por problemas de salud asociados a la desnutrición desde hace varias semanas y pertenecían a las comunidades indígenas muralen y watsuamana, jurisdicción del municipio de Manaure.
En dichas rancherías, actualmente opera uno de los programas de alimentación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a cargo de la Fundación Cámara Junior capítulo Wayma, que según señala el comunicado de la ONG denunciante, “nunca activó las rutas correspondientes de prevención y acompañamiento”.
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De acuerdo con los indígenas, dichos programas se implementan en el territorio sin el consentimiento de las autoridades violando el derecho a la consulta previa; en ese sentido, las autoridades wayúu solicitaron a la procuraduría investigar a todos los operadores del ICBF en el territorio.
“Pasaron por encima de las disposiciones de las comunidades que vinculantes ante las leyes colombianas y los conceptos internacionales; por eso pedimos al ministerio público que intervenga, porque además no están cumpliendo a plenitud con su función, no es posible que niños a cargo del estado mueran por desnutrición, esa es sin duda una omisión”, dijo Leonor Viloria, abogada wayúu.
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En total durante los meses de la pandemia se han conocido diez casos de niños fallecidos por esta misma patología, sin embargo, podrían ser muchos más que no se reportan debido a los usos y costumbres de esa etnia.
“El sub registro es una realidad por la concesión cultural del pueblo wayúu, cuando hay un muerto se entierra y se llora, pero no se lleva el registro oficial”, señaló Viloria.
La situación humanitaria derivada de la falta de agua y alimentos, se ha exacerbado para las comunidades en tiempo de pandemia; en muchas ocasiones algunas familias han protagonizado bloqueos en las vías exigiendo la asistencia del estado.
“Históricamente los wayúu hemos padecido la pobreza extrema, todo eso se ha agudizado porque la gente no puede salir a los casos urbanos a vender sus mochilas y sus chivos; eso afecta la seguridad alimentaria”, añadió la líder indígena.
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Al respecto la fundación Cámara Junior Wayma, explicó que los programas no se han podido implementar a plenitud por conflictos internos que se presentan en varias comunidades y que por el aislamiento los indígenas no les permiten el ingreso a las rancherías para hacer seguimiento a los niños con problemas de salud.
