Estos delitos habrían sido cometidos en un contrato del Programa de Alimentación Escolar en el 2015.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida privativa de la libertad, en su lugar de residencia, contra el actual gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por ser presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Estos delitos habrían sido cometidos en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el 2015.
Según la Fiscalía, El objeto era la prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes en las áreas rural y urbana del Cesar por un valor de 23.538 millones, pero que en realidad tuvo un costo de 34.632 millones de pesos.
El plazo de ejecución fue de 81 días hábiles. El contrato se liquidó en diciembre de 2015 con un sobrecosto de 2.983 millones de pesos en favor del contratista.
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Las pruebas señalan que existieron nueve anomalías graves en la contratación. Entre estas SE destacan una posible falta de planeación, por parte de la Gobernación, al firmar un contrato por 81 y no por los cinco meses que dura un semestre escolar, por lo que obligó a que se realizaran prórrogas de tiempo y adiciones presupuestales en la contratación, medidas que aportaron al sobrecosto.
En los estudios previos, al parecer, no se estableció la población a beneficiar ni el número de raciones a entregar. Tampoco fueron priorizadas las comunidades indígenas, ni se establecieron dietas ni complementos alimenticios para los estudiantes.
Según la investigación, otra anomalía hizo referencia a que el presupuesto oficial no estaría ajustado a las necesidades contractuales ni a los precios de mercado.
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Al parecer, Monsalvo Gnecco habría usado su poder como gobernador para favorecer al consorcio que terminó adjudicándose este millonario contrato. Esto, debido a que no se logró probar la existencia de un proceso de selección objetivo.
