Ya son tres los menores que habrían fallecido por esta causa en menos de una semana.
Según la ONG Nación Wayúu, pese a la existencia de la Sentencia T-302/17 que declara el estado de cosas inconstitucionales en el Departamento de la Guajira, las imágenes de familias indígenas sepultando a los niños que mueren por desnutrición se repiten de manera frecuente.
El caso más reciente ocurrió en la comunidad la Trampa, zona rural del municipio de Uribia e involucra a un menor de solo 10 meses de nacido que según la ONG denunciante también pertenecía a uno de los programas del ICBF y además contaba con EPS e IPS, que habrían omitido su responsabilidad en el caso.
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“No habían transcurrido 72 horas, cuando esta ONG de DDHH, denunciara públicamente la muerte de dos niñas en el Municipio de Manaure por negligencia y abandono de la fundación contratista del ICBF, encargada de atender a las menores, cuando recibimos la triste y fatal noticia de la muerte de otro niño en el Municipio de Uribia, pero esta vez por negligencia y omisión de la EPS y la IPS Indígena”, señala un comunicado de la organización.
De acuerdo con información entregada por la docente y el agente educativo de la Fundación encargada de la atención del niño, detectaron el quebranto de salud en el infante, por lo que activaron de manera urgente la Ruta de atención, notificándole a la IPS Indígena al cual se encontraba afiliado, quienes efectivamente llegaron hasta la comunidad, verificaron su estado y le suministraron suero oral, lo que no fue suficiente para mejorar su estado.
“A pesar de la gravedad, los profesionales de la salud no remitieron ni trasladaron al niño oportunamente a un centro hospitalario para su atención prioritaria y de esta manera salvarle la vida”, agrega la ONG.
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El infante fue trasladado de manera autónoma por la comunidad a un centro asistencial de Uribia y luego fue remitido a Maicao a una clínica de mayor complejidad, donde después de varias horas falleció.
La organización Nación Wayúu solicitó una vez más a los entes de control investigar lo que consideran omisiones de quienes deben proteger los derechos de los menores.
