'Tira que jala' entre la Contraloría Distrital y la Alcaldía de Cartagena por auditorías de control fiscal

La relación entre la Contraloría Distrital de Cartagena y la Alcaldía Mayor ha entrado en tensión debido a una serie de allanamientos ordenados por la contralora Ángela Cubides, el pasado 2 de enero, a varias dependencias de la administración distrital. 

La disputa se centra en la legalidad de estos allanamientos, realizados en el marco de una auditoría para verificar el cierre de la vigencia fiscal 2024. La Alcaldía argumenta que la Contraloría Distrital no tiene la facultad para realizar este tipo de procedimientos y que solo el Contralor General de la República cuenta con dicha competencia; por lo que la administración, a través del Comité Central de Auditoría, envió un oficio a la Contralora Distrital, en el que se lee lo siguiente:  

“El control fiscal ejercido por la Contraloría Distrital no puede efectuarse de manera previa, modalidad proscrita por la Constitución Política. Ni siquiera cabe la excepcional figura del control preventivo y concomitante, para cuya operación se requiere de los presupuestos previstos en los artículos 54 y siguientes del Decreto 403 de 2020 y, que, además, es potestad exclusiva del Contralor General de la República. En sus Circulares 014 y 015, hace alusión a que validará la información para determinar de manera previa la situación fiscal del sujeto de control, actuación claramente irregular por la razón ya expuesta y por las que siguen a continuación”.  

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Y agregaron: “las actuaciones del órgano de control a su cargo, según lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial en el marco de las normas internacionales – ISSAI – GAT Versión 4.0, aplicable a la Contraloría Distrital, deben estar previstas en el Plan de Vigilancia fiscal territorial y no tenemos conocimiento de su aprobación y posterior publicación en la página web oficial de la entidad que usted representa”.

Por su parte, a través de un reciente comunicado de prensa emitido por sindicatos de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias aseguraron que, de acuerdo con la Constitución y la ley, tiene el deber de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y que los allanamientos se realizaron con base en las circulares 014 y 015, emitidas con el objetivo de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. 

“La Contraloría Distrital, como órgano de control fiscal en el ámbito territorial, tiene el deber de realizar auditorías, inspecciones y actuaciones encaminadas a garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Esta función se encuentra establecida en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, que facultan a las contralorías territoriales para ejercer control posterior y selectivo sobre los recursos del ente territorial. Asimismo, la Ley 42 de 1993, reglamentaria del control fiscal, y el Decreto Ley 403 de 2020 establecen que la Contraloría puede realizar visitas, inspecciones y verificaciones en las entidades sujetas a su jurisdicción, siempre que se encuentren relacionadas con el ejercicio de su función fiscalizadora”, se lee en el documento. 

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La Alcaldía, por su parte, ha argumentado que la proximidad de la rendición electrónica de cuentas permitirá a la Contraloría ejercer sus funciones dentro del marco legal y que la reducción presupuestaria no justifica los allanamientos. 

Por lo anterior, los sindicatos de la Contraloría Distrital aseguran que respaldan la posición de la entidad, señalando que la reducción presupuestaria sufrida por la Contraloría no debe afectar su capacidad para ejercer el control fiscal. Asimismo, han rechazado las acusaciones de la Alcaldía, calificándolas de infundadas y de un intento por obstaculizar la labor de control. 

“El control fiscal no es un asunto político, sino un imperativo constitucional. Rechazamos cualquier intento por desvirtuar nuestra misión mediante acusaciones infundadas y recordamos que nuestra labor es proteger los intereses de la ciudadanía, sin importar las tensiones políticas entre administraciones. Finalmente, reiteramos que el ejercicio del control fiscal es indispensable para garantizar la buena gestión de los recursos públicos. Por lo tanto, invitamos al Distrito a colaborar con las actuaciones de la Contraloría y a demostrar con hechos y no con palabras su compromiso con la transparencia y la legalidad”, concluye el documento.