Procuraduría advierte que playas de Cartagena son un riesgo para los bañistas

La procuraduría provincial de Cartagena solicitó al gobierno distrital garantizar que las actividades recreativas, deportivas, sociales y de explotación comerciales en las playas de la ciudad se realicen bajo condiciones de seguridad y bioseguridad con el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. 

Mediante un oficio el procurador Provincial, Javier Porto Hernández, sostuvo que la situación de las playas se torna altamente peligrosa y que el desborde las actividades que allí se realizan evidencia un alto riesgo para los usuarios, por lo que insistió en la caracterización y señalización de las mismas regulando las actividades que allí se desarrollan. 

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La Procuraduría Provincial de esta ciudad le pidió al Distrito tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad en las playas del Corralito de Piedra para mitigar accidentes en los balnearios. 

El contralmirante de la armada, Hernando Mattos, Comandante Fuerza Naval del Caribe (encargado), indicó que se les garantiza la seguridad a los bañistas 

“El reto es de mantener nuestra zona marítima en forma segura para eso nos hemos articulados con todas las entidades del estado para poderle garantizar a todos los visitantes que puedan disfrutar de las actividades marítimas de una manera segura y tranquila para esto la Armada Nacional junto con nuestra capitanía de puerto y nuestra infantería de marina estamos desarrollando un plan articulado con las demás autoridades de turismo con el fin de garantizar que pueda al turista embarcarse y disfrutar de las Islas del Rosario y las playas de Barú de una forma segura”, añadió Hernando Mattos Comandante Fuerza Naval. 

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Según el ministerio público, el propósito de esta acción preventiva tiene como objeto “Realizar seguimiento y control a las actuaciones interadministrativas que desde el Distrito de Cartagena se realicen para garantizar que las actividades recreativas, deportivas, sociales y de explotación comercial en las playas urbanas y rurales, en los bienes de uso público como lo son las aguas marítimas y de bajamar, se realicen bajo condiciones de seguridad y bioseguridad, con el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales”.