Imputan cargos a exfuncionarios de la Gobernación de Bolívar por el 'cartel de la hemofilia'

El fiscal 79 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, David Ricardo Rodríguez Navarro, en audiencia de imputación de cargos por el proceso del denominado 'cartel de la hemofilia' en Bolívar, imputó los presuntos delitos de peculado por apropiación, celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales, fraude procesal, falsedad en documento privado, prevaricato por omisión y concierto para delinquir, en contra de exfuncionarios de la Gobernación de Bolívar. 

Los imputados fueron identificados como Ana María del Carmen Álvarez Castillo e Ingrid Carriazo, en sus condiciones de exsecretarias de Salud de Bolívar; Nacha Newball Jiménez, exdirectora de Aseguramiento y Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud de Bolívar; Emil Rangel Sossa, exdirector Jurídico de la Secretaría de Salud de Bolívar; Gloria Libardo Jaramillo y Moisés Jaramillo Robles, representantes legales de las IPS Asistencia Integral de Servicios y Fundación Ciénaga de la Virgen respectivamente.

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La Fiscalía encontró méritos para señalar que los investigados se habrían puesto de acuerdo para cometer los delitos de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, peculado que implica apropiación de los dineros públicos, fraude procesal y falsedad en documento, que implican inducir a error a autoridades públicas, para conseguir sus propósitos 

Cabe recordar que la Contraloría General de la Nación confirmó la responsabilidad fiscal, por valor de más de $26.000 millones de pesos, por el detrimento patrimonial ocasionado por los pagos irregulares realizados por el departamento de Bolívar durante los años 2012, 2013 y 2014 en el conocido caso del 'cartel de la hemofilia'. 

También cabe señalar que las investigaciones que se adelantan en el marco del proceso penal del 'cartel de la hemofilia', es ampliamente conocido en Bolívar y en otros departamentos del país, en donde al parecer "se pagaron unos medicamentos que no debió asumirlos la gobernación sino las EPS". 

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No obstante, no se ha podido establecer si en la audiencia de formulación se solicitará, por parte del fiscal, medida de aseguramiento en centro carcelario, dada la gravedad de la imputación

Ahora bien, los investigados deben defenderse, tratar de probar su inocencia, teniendo en cuenta que la imputación  de cargos es apenas una de la etapas de la investigación, que no significa, que sean culpables, pero pueden ser hallados culpables en el juicio, etapa a la cual no se ha llegado. 

Dentro del caso también se encuentra vinculado el exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, a quien la Contraloría le exigió "responder a título de culpa grave, con una sanción de $1.205 millones, por el detrimento patrimonial". 

Gossaín Rognini está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia, por su fuero como exgobernador.