La Procuraduría General de la Nación pidió revocar la detención domiciliaria que fue concedida en días pasados a Samuel Viñas Abomohor, quien cumple una condena de 42 años y nueve meses de prisión por el homicidio de su esposa, Clarena Acosta Gómez, en hechos ocurridos el 1 de enero de 2010.
En el recurso de apelación presentado ante el Juez Tercero Penal del Circuito, la Procuraduría 208 Judicial Penal I de la capital del Atlántico, apeló la decisión por considerar que no se cumplieron todos los requisitos exigidos por la ley para sustituir la detención carcelaria por la domiciliaria.
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El Ministerio Público indicó que el juez basó su decisión en un dictamen del Instituto de Medicina Legal que, a pesar de indicar que el detenido presentaba un estado de salud grave, no mencionó que esa condición de salud fuera incompatible con la vida en reclusión en un centro carcelario.
La Procuraduría agregó que el juez no podía hacer una valoración de la enfermedad o estado de salud de Viñas Abomohor a partir del documento pericial, más aún cuando el mismo sugiere que el procesado requiere un manejo intrahospitalario con fines terapéuticos.
A juicio del órgano de control, el juez no señaló las razones jurídicas por las que el envío al domicilio del procesado, con lo que realizó valoraciones que normativamente son propias y exclusivas de los médicos del Instituto de Medicina Legal.
Entre tanto, el abogado de la familia de Clarena Acosta, Edgardo Niebles, denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía al Juez Cuarto de Ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Barranquilla por haber otorgado este beneficio a Samuel Viñas.
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"Me enteré por información de un periodista de la ciudad de Barranquilla que el viernes 7 de febrero el señor Viñas había recibido la casa por cárcel. La noticia me sorprendió por cuanto el juez no me notificó como representante de las víctimas reconocido dentro del proceso", afirmó Niebles.