Procuraduría pide a Barranquilla y Soledad informar sobre manejo de cadáveres con COVID-19

Ante el incremento de personas contagiadas y fallecidos por COVID-19 en el Atlántico, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la alcaldía de Barranquilla y de Soledad la constancia del cumplimiento de las directrices, normas de bioseguridad, medidas de prevención y control establecidas por el Gobierno Nacional para el manejo de los cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por COVID-19. 

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El ente de control ha solicitado a través de una carta dirigida al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y al de Soledad, Rodolfo Ucrós, crear una plataforma informativa con datos estadísticas veraces, con la actualización diaria, que informe sobre los fallecidos que sean sospechosos o portadores del virus con el fin de minimizar el riesgo de transmisión y contagio al personal de los hospitales, clínicas, autoridades judiciales, ciencias forenses y otros actores que se involucren en la manipulación de los cuerpos. 

De igual manera requirió una ruta de coordinación y articulación interinstitucional entre hospitales y funerarias para darle el manejo, traslado y disposición final de los cadáveres para evitar una cadena de contagio.

Las alcaldías también deberán informar sobre el funcionamiento de su plan de contingencia, que debe identificar el inicio de la ruta de manipulación de los cuerpos, el tipo de transporte, la disposición final de los mismos: inhumación, entierro en bóveda o en tierra, y la habilitación de un lugar de res paldo para los cadáveres por sospecha o confirmación de COVID-19 en caso de que la cantidad de muertes aumente y la capacidad de los cementerios de la ciudad y el municipio llegue al límite.

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Por último, la Procuraduría solicitó información acerca de la implementación y aplicación obligatoria de protocolos mediante decretos distritales y demás documentos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para evitar poner en riesgo el medio ambiente, la seguridad de los profesionales de salud, pacientes, personal administrativo, usuarios y a la población barranquillera y soledeña en general, por falta de normas y articulación efectiva.