Persocapitales prendió las alarmas: más de 110 personeros están amenazados en el país

La Asociación de Personerías de Ciudades Capitales de Colombia (Persocapitales) prendió las alarmas, por las amenazas de las que son objeto más de 110 personeros en el país. 

De acuerdo con Miguel Ángel Alzate,  presidente de la entidad, el 10% de los 1.104 personeros en el territorio nacional enfrentan intimidaciones, situación que es más notoria en zonas donde se ha recrudecido el conflicto.

"Como son el Catatumbo, como son Nariño, el Cauca, el Valle del Cauca, donde de manera reiterada el ejercicio de nuestra labor, el desempeño de esta institucionalidad que, está regada en los 1.104 municipios del país, viene siendo vulnerada", afirmó Alzate. 

Indicó, además que, las amenazas llegan a través de panfletos, llamadas y correos electrónicos, originadas por parte de bandas criminales o grupos armados, las cuales, afirmó, están relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos; algunas se han materializado.

"Hemos visto cómo el año pasado fue asesinado el personero de Cumbitara Nariño, su cuerpo fue dejado en un paraje selvático de esa zona; asimismo, el personero de Tuluá (Valle del Cauca) ha sido víctima de dos atentados recientemente; hemos visto también cómo han recibido amenazas el personero que está ubicado en el municipio de Tunja, por el ejercicio de la labor y de la función disciplinaria".

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Según el presidente de Persocapitales, varios de los intimidados, no tienen esquema de seguridad; algunos son incipientes y a otros se los han removido, a pesar de tener clasificación de riesgo extraordinario.

"Todos estos hechos nos han hecho prender las alarmas, y como representante del gremio, le hemos pedido a todas las autoridades que se esclarezcan todos estos hechos, estos crímenes, estas amenazas; y segundo, que es un reclamo profundo, aireado al Gobierno Nacional, a la Unidad Nacional de Protección, para que priorice las solicitudes de protección", explicó el presidente de Persocapitales y personero de Barranquilla.

Gran parte de las intimidaciones van dirigidas a atentar contra la vida de estos funcionarios, la de sus familiares, con peticiones de que se marginen de sus actividades misionales, sus actividades en defensa de los derechos de la comunidad en el territorio, donde atienden.

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Aunque, según Alzate, han hecho los reclamos correspondientes, gran parte de ellos, precisó, no han tenido eco entre las autoridades que, al parecer, tienen listas amplias de personas que solicitan apoyo, seguridad y las capacidades se tornan limitadas, impidiéndoles otorgar las medidas de protección.

Sin embargo, desde su perspectiva, insistió en que se debería ser prioridad del Gobierno Nacional protegerlos como autoridad.