En el norte del país aseguran que esta reducción es "insuficiente".
En Barranquilla, Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, anunció rebajas del 2,7% en las tarifas del servicio de energía para todo el país.
“Hemos logrado el primer bajonazo en la tarifa a nivel nacional de 2,7%. Sabemos que no es suficiente, pero es una primera gran señal para la ciudadanía”, indicó.
La funcionaria aseguró que estas reducciones continuarán en el territorio nacional. Pese al anuncio, Lourdes López, diputada en el departamento del Atlántico, afirmó que esta disminución no se notará, al pagar el recibo, ya que no compensa las sumas que deben cancelar los usuarios de la región Caribe colombiana. Expresando, además, que la revisión del tema es un asunto que debe resolver el Gobierno.
“Es una obligatoriedad que tiene el Gobierno Nacional con toda la región Caribe y Pacífica. Ya no podemos más con las tarifas, pero tampoco con los discursos que no tienen resultado”, afirmó.
Entre tanto, Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, manifestó que seguirán trabajando para “hacer una solución más justa”.
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Sin embargo, aseveró que el Gobierno Nacional continúa preocupado, ya que no han llegado a las aspiraciones de los usuarios, quienes se quejan de las altas facturaciones.
“La Superintendencia está trabajando para participar en los diálogos, en los acuerdos y hacer lo que sea posible, para que los usuarios vean que se ha llegado a unas tarifas justas”, señaló.
Afirmó que deben buscarse soluciones estructurales al problema de las alzas de los servicios públicos. Mientras llegan, gremios de la costa norte del país continuarán manifestando su rechazo por esta situación. El 9 noviembre está prevista la 'Gran Marcha Contra las Altas Tarifas de Energía', con el propósito de levantar la voz de protesta.
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A esta convocatoria se sumará la Corporación Lonja de Administración de Propiedad Horizontal de Colombia, puesto que afirma estar asfixiada.
“Esta situación tiene endeudado al régimen de la propiedad horizontal, especialmente los VIS y VIPA, los cuales se encuentran asfixiados debido a que no se investigan los fraudes de los copropietarios y las empresas de energía terminan cobrándole al área común”, manifestó Silvia Padilla, presidenta del gremio.
