![El fallo es de primera instancia](https://files.alerta.rcnradio.com/alerta_caribe/public/styles/article_desktop/public/2024-07/whatsapp_image_2024-07-08_at_8.06.20_am_0.jpeg?ydWQfnhV5.XdkxobwWLerq7rxLkVl0AB&itok=HmPuEKZx)
La Procuraduría sancionó a exgerente del antiguo hospital Cari de Barranquilla
La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión en el ejercicio de su cargo por ocho meses a Ulahy Beltrán, exgerente de la antigua Empresa Social del Estado (E.S.E) Hospital Universitario CARI en Barranquilla, Atlántico, "por irregularidades contractuales".
El fallo es de primera instancia, a través del cual, el ente disciplinario confirmó que el servidor público adelantó el proceso de contratación y celebró, según indicó, de manera directa el negocio jurídico 690 de 2019 con el consorcio Gestor Hospitalario del Caribe por aproximadamente $12 mil millones, para realizar los procesos asistenciales, logísticos, administrativos, financieros y complementarios de los servicios de alta complejidad de la entidad.
"El ente de control ratificó que el contratista suscribió el bilateral sin contar con la autorización previa de la junta directiva del centro hospitalario, a pesar de que, es un requisito ineludible y establecido en el estatuto de contratación", expresó el Ministerio Público, por medio de un comunicado.
En este sentido, señaló que el exfuncionario vulneró los principios de moralidad y legalidad, al desconocer las reglas de carácter obligatorio en los acuerdos del hospital.
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Fue en septiembre del año anterior, cuando la Procuraduría abrió cargos por la firma del millonario convenio y estableció, además que, celebró el contrato sin consentimiento de la junta directiva y: “Dado que el contrato superaba los 5.000 Salarios mínimos legales vigentes para la época de los hechos, el entonces gerente del Hospital Universitario Cari necesitaba autorización de la junta directiva de la referida entidad para iniciar y adelantar el proceso de contratación, según lo establecido en el estatuto de contratación de la ESE”.
La Procuraduría delegada de Juzgamiento 2 confirmó la calificación de la falta formulada como grave, a título de culpa grave; por lo que, deberá pagar al tesoro nacional su sueldo mensual devengado para la época de los hechos por ocho meses, lo que corresponde a $101.852.864 millones.
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