La Procuraduría Regional de Instrucción de Atlántico solicitó la práctica de pruebas documentales y testimoniales.
23 Ene 2023
08:25 AM
La Procuraduría abrió investigación contra gerente (e) del Canal Regional Telecaribe
El funcionario habría alterado información en su hoja de vida.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Alfonso De la Cruz Martínez, gerente (e) del Canal Regional de Televisión Telecaribe Ltda, por presunta alteración de información consignada en su hoja de vida.
El investigado: "No solo, no cumple con los requisitos establecidos en los estatutos del canal para ser nombrado gerente, sino que su hoja de vida cuenta con alteraciones a la verdad a título de dolo y con la intención de calificar a cargos públicos y a la administración pública para la cual no se encuentra preparado”, señaló el comunicado enviado por Ministerio Público, basado en lo denunciado por un medio de comunicación.
En este sentido, el funcionario habría inducido a error a la Junta Administradora Regional de Telecaribe, por cuanto la experiencia laboral que habría acreditado no se ajustaría a los requerimientos exigidos para el desempeño del cargo.
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La Procuraduría Regional de Instrucción de Atlántico solicitó la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el fin de establecer si De la Cruz Martínez incurrió en conductas aparentemente irregulares, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos.
Esta es no la única investigación que adelanta, el Ministerio Público en lo relacionado con un funcionario o exfuncionario del Canal Regional; el 10 de noviembre anunció, la apertura de pesquisas contra Mabel Moscote, quien en ese entonces se desempeñaba como gerente de Telecaribe.
Según la entidad, todo obedecía a supuestas irregularidades en la convocatoria 004 prevista para adelantar un proceso licitatorio.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Atlántico aseveró, en su momento, que verificaría si la funcionaria cumplió con la finalidad de la actuación administrativa bajo la premisa del interés general, la cual establece que: “Cuando los servidores públicos intervienen en un proceso de contratación deben hacerlo con estricto cumplimiento a las normas que lo regulan”.
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