Gobernación del Atlántico afirma que contratos suscritos con la Fundación Conciencia Social, estaban sujetos a la ley

De acuerdo con la gobernación del Atlántico, fueron dos, los convenios de asociación celebrados con la Fundación Conciencia Social, mencionada en audiencia adelantada a Nicolás Petro y Day Vásquez, en los cuales, según la Fiscalía habrían interferido. 

En un comunicado, la administración departamental, señaló que, los contratos se ejecutaron a cabalidad conforme con lo estipulado entre las partes.

"Ambos convenios se ejecutaron a cabalidad tal como lo demuestran los informes de ejecución y los informes finales emitidos por el supervisor. Toda la documentación se encuentra debidamente publicada en la plataforma transaccional de SECOP II", manifiestan en el documento.

Igualmente, manifestaron que, fue realizada una convocatoria pública, sin embargo, no fueron recibidas propuestas. Por ello, decidieron trabajar con la Fundación.

"En cumplimiento del Decreto 092, se publicó en la página web del Departamento, una invitación a otras entidades sin ánimo de lucro que pudiesen estar interesadas en la ejecución conjunta del proyecto, aportando el 30 por ciento o más del mismo, no recibiéndose propuesta alguna".

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Señaló que, el objetivo del convenio era unir esfuerzos en la implementación Centros de Vida Móviles para atender a las personas mayores mediante acciones de orientación psicosocial y promoción de vida autónomos, así como productivos. La iniciativa surgió, explica, ante las consecuencias que dejó la pandemia de Covid-19 en la salud tanto física como mental de las personas mayores de 65 años, en poblaciones de esta zona del país.

"La entidad sin ánimo de lucro acreditó su idoneidad para celebrar el convenio de asociación con varios contratos celebrados con el Distrito de Barranquilla dentro de la política del Adulto Mayor y aportó más del 30 por ciento del valor del mismo". 

No obstante, el ente acusador indicó que Petro Burgos y Vásquez, supuestamente se beneficiaron.

“Se habrían concertado para manipular la contratación y apropiarse de los recursos adjudicados para la atención de adultos mayores”, explicó el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos.

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