12 Jun 2020
07:51 PM
Empresa de gas natural de región caribe entre investigadas por Superservicios
Las indagaciones tienen que ver con presuntas irregularidades en la facturación de servicios durante la emergencia sanitaria.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó este viernes que dio inicio a averiguaciones preliminares contra las empresas Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. (Cedenar), Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. y Gases del Caribe S.A. E.S.P. (Gascaribe), para establecer si hubo irregularidades en la facturación de los servicios públicos durante la etapa de cuarentena.
En los casos de Gascaribe y Alcanos, la averiguación preliminar, en cada caso, pretende determinar si hubo presuntas irregularidades en la medición del consumo, en la liquidación de la factura y en la aplicación de la opción tarifaria contemplada en la Resolución CREG 048 del 7 de abril de 2020.
También le puede interesar: Clínica en Barranquilla está colapsada por atención a pacientes con COVID-19
Los usuarios afectados serían los de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, y Tolima en los que presta su servicio Alcanos, y de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, y Magdalena en los que presta su servicio Gascaribe.
Por otro lado, la averiguación preliminar contra Cedenar tiene como fin establecer presuntas irregularidades en la medición del consumo, en la liquidación de la factura y en la información contenida en la misma; a raíz de la llegada a la Superintendencia de, al menos, 159 reclamos y denuncias presentadas por usuarios contra la empresa que presta sus servicios en el departamento de Nariño.
Vea además: Muere bebé indígena por coronavirus en Valledupar
“Desde la Superservicios hemos estado atentos a los reclamos de los usuarios. Ante las denuncias de la ciudadanía y comunicaciones de autoridades locales iniciamos estas averiguaciones preliminares, que se constituyen en la primera etapa que la ley establece para determinar si existen razones para abrir un procedimiento sancionatorio contra los prestadores. En caso de encontrar razones para hacerlo, la Superintendencia dará apertura a las investigaciones administrativas, conforme al marco legal que nos rige”, indicó la Superintendente, Natasha Avendaño García.
En este sentido, la entidad deberá establecer si los hechos denunciados ocurrieron, si constituyeron faltas a la regulación o si los prestadores están amparados en alguna norma o disposición legal que se los haya permitido.
